Investigan a Otárola por favorecer a sus amigas en contratos del Estado.

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó por unanimidad un plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) lleve a cabo una investigación exhaustiva y presente su informe final sobre la denuncia que pesa contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. La denuncia, presentada por la Fiscalía de la Nación, lo acusa de haber intervenido indebidamente en la contratación de dos de sus allegadas en entidades del Estado, en un caso que ha generado revuelo en el ámbito político y social.

La resolución contó con el respaldo de 24 votos a favor, lo que refleja el interés del Congreso en esclarecer estas alegaciones que apuntan a posibles delitos de colusión simple y agravada. En la denuncia, presentada en septiembre del año pasado por el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, se detalla que Otárola habría realizado concertaciones ilegales con directivos de la agencia Devida para beneficiar a Rosa Pierina Rivera Bermeo, quien además de tener vínculos cercanos con el exministro, fue contratada para prestar servicios en la misma institución en el periodo en que él ocupaba la jefatura del gabinete ministerial.

La investigación periodística de Panorama reveló una imagen de Otárola junto a Rivera en las instalaciones del Club Departamental Arequipa, donde se los observa sonrientes y tomados de la mano, en un acto que, según los denunciantes, evidencia el posible favorecimiento irregular. Rivera, según el denunciante, fue favorecida con órdenes de servicio que habrían sido otorgadas sin los debidos procesos y sin cumplir con los protocolos de contratación adecuados, situación que la Contraloría General del Estado ya ha calificado como irregular.

Pero Rivera no es la única amiga del expremier en ser involucrada en estas acusaciones. Yaziré Pinedo Vásquez, joven de 26 años de Tarapoto, también figura en el expediente. Pinedo, quien en diciembre de 2022 ingresó a la sede del Ministerio de Defensa, mantuvo con Otárola una relación sentimental en el pasado y, tras ello, habría recibido dos órdenes de servicio en esa cartera, de 18,000 y 35,000 soles respectivamente, en fechas en que Otárola ejercía como presidente del Consejo de Ministros. La relación entre ambos también ha sido denunciada, ya que se encuentran evidencias de favoritismo en su contratación.

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Según reportes de la misma Contraloría, las funciones desempeñadas por estas jóvenes en sus posiciones laborales no corresponderían a las tareas correspondientes a los puestos requeridos, lo que profundiza las sospechas de irregularidades en estos casos de contratación por favores.

Con la decisión del Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales alejará a un congresista delegado para que maneje la investigación, convoque a las partes involucradas y realice las declaraciones pertinentes. Posteriormente, elaborará un informe final que determinará si las evidencias sustentan la acusación contra Otárola. De ser así, el informe será presentado ante la Comisión Permanente y, posteriormente, reservado para debate y posible resolución en el Pleno del Congreso.

Este proceso representa un elemento crucial en la fiscalización del cumplimiento de la legalidad en la contratación pública y en castigar posibles prácticas de favoritismo que deterioran la confianza en las instituciones del Estado.