Fiscalía cuestiona su exclusión en mesa clave para la formalización minera.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó a través de un comunicado su profunda preocupación y sorpresa ante la decisión de no haber sido convocada a la mesa de diálogo convocada por la presidenta Dina Boluarte, centrada en el proceso de formalización minera. La reunión, realizada en el contexto de tensiones y protestas en varias regiones del país, contó con la participación de autoridades del Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y representantes de gremios mineros.

La fiscalía remarcó que, aunque otras instituciones del sistema de justicia fueron invitadas, la ausencia del Ministerio Público representa un riesgo potencial para la legitimidad y eficacia de las políticas públicas que se buscan implementar. En su pronunciamiento, Espinoza puntualizó que “nos preocupa y causa extrañeza que el Ministerio Público no haya sido convocado a esta mesa de trabajo. Esta decisión, al haberse convocado a otras entidades del sistema de justicia como el Poder Judicial, afecta la legitimidad y la efectividad de la política pública que se busca definir”.

La titular del Ministerio Público recordó que su institución tiene la responsabilidad constitucional de investigar delitos y ejercer acciones penales, por lo que su participación en un proceso que incide directamente en la formalización minera es fundamental. Para ella, la exclusión puede poner en riesgo principios esenciales como la legalidad, la transparencia y la sostenibilidad del Estado de Derecho.

Mientras tanto, en el lugar de la reunión, algunos representantes de gremios mineros expresaron su malestar debido a que no lograron ingresar a la mesa de diálogo, lo que ha generado críticas sobre la inclusión y la representatividad en estos espacios. La convocatoria fue lanzada en medio de protestas de pequeños mineros que exigen una mayor inclusión en los procesos de formalización y en respuesta al cierre del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

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Entre las entidades que sí asistieron están el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Sin embargo, la Fiscalía ha cuestionado la decisión de excluir al Ministerio Público, figura clave en la justicia y la legalidad del proceso.