Fiscal Margarita Haro denuncia extorsión tras prisión preventiva a siete sospechosos de banda criminal
- owenvalencia20
- 19 oct
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La fiscal provincial titular Margarita Haro Pinto, al frente del Primer Despacho de Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho, denunció haber recibido llamadas extorsivas por parte de la organización criminal “Los Pepes SJL”, cuyo cabecilla según la denuncia sería un delincuente apodado “El Colocho”. En los mensajes, los interlocutores exigen que Haro se aparte del proceso penal que mantiene contra los presuntos integrantes de la banda “Los Chukys de Juan Pablo II”, después de que el Poder Judicial decretara 18 meses de prisión preventiva para siete sospechosos involucrados en delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y explosivos, y formación de banda criminal.
La denuncia, presentada por el Ministerio Público, señala que los investigados cuyas medidas cautelares se ejecutaron recientemente son Patricio Kevy Urbano Lara, Nataly Sofía Lara Rosales, Eynar Ricardo Lara Quiñones, Francisco Luis Lara Nrváez, Yovana Marcionila Lara Quiñones y Sabrina Stefanie Álvarez Ríos, todos con prisión preventiva. Estos imputados están vinculados, según la investigación, con acciones alrededor del atentado al penal Castro Castro.
El 17 de octubre, el INPE reportó en sus redes sociales que dos desconocidos dejaron artefactos explosivos en los exteriores del penal Castro Castro. Los artefactos fueron acompañados de manuscritos dirigidos a dos magistrados del Poder Judicial, portando fichas de RENIEC. En ese contexto, la fiscal Haro ha señalado que la estructura criminal “Los Pepes SJL” estaría presionando a la fiscalía para desviar el curso de la investigación y, en su visión, para desacreditar a la autoridad judicial que llevó a la detención de los presuntos integrantes de “Los Chukys de Juan Pablo II”.
La fiscal exhorta a mantener la independencia de las investigaciones y a que las autoridades competentes actúen con rigor ante cualquier intento de coacción. El Ministerio Público confirmó que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de sus profesionales y de la ciudadanía.
Por su parte, la defensa de los detenidos ha optado por reservarse su versión hasta el vencimiento de los plazos procesales y la realización de las próximas diligencias. Expertos en criminología señalan que este tipo de extorsiones buscan desestabilizar procesos penales relevantes y presionar a fiscales y jueces para obstaculizar la impartición de justicia.
El caso continúa bajo revisión de la Unidad de Extensión de la investigación y la Policía Nacional deberá presentar avances en las siguientes semanas, con la finalidad de esclarecer si existen más involucrados y posibles vínculos con otros hechos de violencia que hayan impactado a la región. Se espera que el Poder Judicial emita nuevas resoluciones conforme avance la investigación.
