Fernando Rospigliosi exige sanción y separación de fiscales del caso Cócteles tras fallo del TC a favor de Keiko Fujimori

En un giro político-jurídico que reaviva las tensiones entre el Ministerio Público y sectores de la oposición, el congresista Fernando Rospigliosi pidió sanciones y la separación de funciones para los fiscales a cargo del caso Cócteles. La solicitud llega tras el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), que declaró fundada la demanda de habeas corpus a favor de Keiko Fujimori y reconfiguró el marco de interpretación sobre la investigación vinculada a esa causa.

Según el legislador, la actuación de los fiscales habría provocado un perjuicio económico al Estado al destinar fondos públicos a una indagación que, en opinión del máximo intérprete de la Constitución, se apartó del marco legal vigente. En su lectura, el proceso, impulsado por el equipo especial del Ministerio Público, representa un uso indebido de recursos y un claro ejemplo de lo que describió como persecución judicial.

“En cualquier país del mundo donde funciona un sistema como el nuevo Código Penal, esos fiscales hace rato que habrían sido despedidos”, afirmó Rospigliosi, al comparar la actuación de los fiscales con estándares de otros sistemas judiciales, citando el ejemplo de Estados Unidos para ilustrar su punto.

El congresista amplió su crítica a la forma en que se condujo la investigación, que involucró a la lideresa de Fuerza Popular y a su entorno político. Según él, las decisiones del Ministerio Público carecieron de sustento legal y derivaron, en su juicio, en un daño directo al erario nacional. En paralelo, el presidente del Congreso se sumó a la caracterización de la pesquisa como una “persecución política ilegal”, aludiendo al fallo reciente del TC y a la percepción de sesgos en el proceso.

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La declaración de Rospigliosi se produce en un contexto en que distintos sectores analizan la frontera entre independencia judicial y presión política. Expertos constitucionales señalan que el TC, al acoger la demanda de habeas corpus, reconfiguró criterios sobre privaciones de libertad y medidas cautelares, lo que alimenta el debate sobre la manera en que las investigaciones sensibles deben ser gestionadas y financiadas con fondos públicos.

Entre tanto, la discusión sobre posibles reformas al marco penal y al manejo de expedientes penales continúa. Pese a las acusaciones y la energía de los intercambios parlamentarios, operadores del sistema de justicia señalan la necesidad de mantener la integridad de las investigaciones sin menoscabar principios de debido proceso, independencia judicial y transparencia en el uso de recursos.