El polémico equipo que respalda la inviable candidatura de Martín Vizcarra

El expresidente Martín Vizcarra, inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2031, continúa promoviendo una campaña electoral que ha generado controversia y críticas entre expertos y la ciudadanía. A pesar de las sanciones impuestas por el Congreso, que lo inhabilitaron por 10 y 5 años respectivamente, Vizcarra insiste en su aspiración a la presidencia, incluso prometiendo medidas polémicas como un indulto al exmandatario Pedro Castillo, actualmente encarcelado por su intento de golpe de Estado.

Según José Tello, exministro de Justicia y especialista en Derecho Constitucional Electoral, Vizcarra está "desinformando y distrayendo al electorado" al promover una candidatura que legalmente no puede concretarse. Tello calificó esta estrategia como un "psicosocial", destinado a generar un efecto persuasivo en la población, y advirtió que el exmandatario busca victimizarse para luego culpar a los "poderes fácticos" de impedir su postulación.

Aunque Vizcarra no puede ser candidato, su partido político, "Perú Primero", ya está inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional de esta agrupación está conformado por figuras con antecedentes judiciales y administrativos que han levantado sospechas sobre la integridad del partido.

Entre ellos destaca César Figueredo, Secretario General Nacional y brazo derecho de Vizcarra, quien ha sido vinculado a un supuesto complot contra el expremier Alberto Otárola y ha obtenido contratos millonarios por asesoría jurídica en el Gobierno Regional de Moquegua. También resalta Gianinna Manrique, separada de un cargo en el Ministerio de Vivienda por su presunta participación en un caso de coimas, y Rudy José Ramos León, denunciado por acoso sexual y lesiones.

Además, otros miembros del partido enfrentan inhabilitaciones, denuncias por violencia de género, estafa y malversación de fondos públicos, lo que ha puesto en duda la credibilidad de "Perú Primero" como una opción política seria.

Vizcarra enfrenta dos inhabilitaciones vigentes: la primera, impuesta en abril de 2021, le prohíbe ejercer cargos públicos hasta 2031, mientras que la segunda, de mayo de 2022, lo sanciona por presuntas infracciones al artículo 126 de la Constitución durante su gestión como ministro de Transportes. A esto se suma un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda inhabilitarlo por otros 10 años por el cierre del Congreso en 2019, así como un proceso penal por presuntos sobornos recibidos durante su etapa como gobernador de Moquegua, por el cual la Fiscalía ha solicitado una pena de 15 años de prisión.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha sido claro al señalar que Vizcarra no puede ser registrado como "fundador" ni "presidente ejecutivo" de "Perú Primero". En una resolución de junio de 2023, el máximo ente electoral declaró fundado en parte un recurso de apelación que buscaba tachar la inscripción del partido, lo que refuerza las limitaciones legales que enfrenta el exmandatario.

La insistencia de Martín Vizcarra en mantenerse en la escena política, a pesar de sus inhabilitaciones y los cuestionamientos a su partido, ha generado un debate sobre la ética y la legalidad de su campaña. Mientras los expertos advierten sobre los riesgos de desinformación y manipulación del electorado, los antecedentes de los miembros de "Perú Primero" plantean serias dudas sobre la viabilidad y transparencia de este proyecto político. En un contexto de desconfianza ciudadana hacia la clase política, la figura de Vizcarra y su partido parecen lejos de ofrecer una alternativa creíble para el futuro del país.