El desafío de Vizcarra: afirma que seguirá siendo candidato pese a las sanciones legales.

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció este martes acerca de las sanciones que el Congreso de la República le impuso y dejó claro que no piensa rendirse ante las inhabilitaciones que, según su perspectiva, no le impedirán participar en las próximas elecciones generales del 2026. Con una postura desafiante, el exmandatario aseguró que, a pesar de los obstáculos legales, su voluntad de postularse y servir a su país permanece intacta.

Recordemos que Vizcarra fue inhabilitado por un período de diez años debido al caso conocido como Vacunagate, que lo sancionó por recibirse de manera irregular la vacuna contra la COVID-19 mientras ejercía la presidencia. Además, enfrenta otra suspensión de cinco años por no haber declarado oficialmente que poseía acciones en una empresa, en una supuesta falta de transparencia durante su ejercicio como Ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Yo soy peruano, yo quiero a mi patria, quiero ser candidato a la Presidencia y quiero servir a mi país”, expresó con determinación en una entrevista a un medio de comunicación local. La afirmación refleja su firmeza en seguir luchando por su derecho a disputar la elección, a pesar de que las leyes y los congresistas le pongan obstáculos.

Durante la misma entrevista, Vizcarra negó rotundamente que su vacunación secreta contra la COVID-19 representara un delito. Enfatizó que, en su opinión, eso fue solo “una falta ética” y no un acto ilícito. “Si tú te sientes más satisfecho con el hecho de que admita que es un error, ya, es un error, cambiemos de tema. ¿Sabes qué? eso no es delito, a lo que voy es que no es delito [...] Está bien, es una falta moral, ética, ya, perfecto, lo acepto”, comentó el exmandatario, en una declaración que dio por primera vez en más de cuatro años.

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La defensa de Vizcarra surge en medio de un clima jurídico complejo, en el que la Fiscalía ha solicitado una condena de 25 años de prisión en su contra por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La acusación se basa en supuestos pagos de sobornos relacionados con los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, lo que añade gravedad a la situación del exmandatario.

A pesar de las sentencias y las investigaciones, Vizcarra reafirma su disposición a postularse y a luchar por su derecho a participar en la política, calificando la inhabilitación como un “obstáculo político” y no, necesariamente, una condena definitiva. En su visión, el camino aún está abierto y su causa sigue viva, con la esperanza de que la justicia y la política puedan encontrar una vía para que su nombre figure en las elecciones del 2026.