Disputa millonaria por el patrimonio de un testigo clave en el caso Sada Goray: ¿qué hay detrás de la millonaria red de préstamos y transferencias?

Según Punto Final , la figura de Martín Montoya Marcilla, señalado inicialmente como un testigo clave en las investigaciones del caso Sada Goray y Marka Group, permanece en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y alcanza a la esfera empresarial. Aunque nunca fue objeto de una investigación formal, recientes revelaciones indican que Montoya habría otorgado a la inmobiliaria Goray un préstamo que supera el millón de soles, dinero que, según las versiones consultadas, terminaría en manos de Salatiel Marrufo, exasesor del Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo.

La discusión sobre el patrimonio de Montoya se intensifica a partir de una declaración pública del padre del fallecido Martín Montoya, el general (r) Luis Montoya VIllanueva, quien hoy encabeza la pugna por la titularidad de los activos vinculados a la figura de su hijo. En declaraciones a medios y documentos de la familia, el progenitor sostiene que el préstamo a Goray tuvo como objeto facilitar operaciones comerciales y no implicó conocimiento de conductas ilícitas. No obstante, la controversia generó una crisis interna en Grupo Palante, empresa con presencia en el sector financiero y en la que Martín Montoya tenía una participación del 42%, valorada en más de 62 millones de soles.

La presión mediática y las complejidades legales llevaron, en febrero de 2023, a una reconfiguración de la administración de Palante. Sebastián Crespo Herrera, al frente de la firma, decidió excluir a Montoya alegando daño reputacional ligado a Goray, una decisión que, según la familia, se ejecutó sin respetar las condiciones pactadas para el pago y la transferencia de las acciones. El abogado de Palante, Alexander Bazán, afirmó que la medida respondió a criterios legales y que Montoya tenía pleno conocimiento de la situación, con el pago sujeto a un diferendo entre las partes que terminó en judicialización.

A la disputa por el patrimonio se suman otras divergencees: una denuncia por presunta estafa en la venta de un terreno de 600 hectáreas en Paracas, del que Martín Montoya habría recibido menos de la totalidad acordada. Además, se señalan movimientos de 4 millones de dólares presuntamente desaparecidos de un depósito realizado en 2020 a la cooperativa Pacífico, asociado a la titularidad de acciones. En total, los actores implicados estiman que el monto en disputa supera los 35 millones de dólares, sumando activos y transferencias.

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En respuesta a estas reclamaciones, la familia Montoya afirma que Martín asumió los negocios de manera regular, negó cualquier participación en maniobras irregulares y que las acusaciones son parte de una campaña de difamación y presión mediática. Por su parte, las partes demandantes sostienen que la controversia no es meramente personal y que tiene implicaciones relevantes para las operaciones y la gobernanza de las entidades involucradas.

Este caso, que se mantiene en desarrollo, continúa atrayendo la atención de analistas, inversores y del público, que siguen con lupa cada declaración y cada movimiento financiero relacionado con el patrimonio del que habría sido, para algunos, una figura clave en un entramado empresarial y jurídico de alto perfil. La línea entre los laudos legales y las dinámicas familiares parece difuminarse a medida que se despliegan nuevas pruebas y versiones de los hechos.