“Cuchillo” exige a Boluarte una disculpa pública y amenaza con acciones legales.

El desencuentro entre el Estado y las acusaciones que pesan sobre Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido como “Cuchillo”, continúa escalando. Rodríguez Díaz, quien ha sido señalado públicamente por la presidenta Dina Boluarte como presunto líder de la masacre de 13 trabajadores de seguridad en Pataz, ha respondido de manera contundente. A través de una carta notarial enviada a la jefa de Estado, el señalado exige una rectificación inmediata y pública, advirtiendo que, de no obtener una respuesta favorable en cinco días, iniciará acciones legales por calumnias y difamación agravada.

En el documento, redactado por su abogado Kevin Walker Díaz, Rodríguez Díaz afirma que las declaraciones emitidas por Boluarte en una conferencia de prensa el pasado 5 de mayo, “vulneran su honor y exponen mi defendido sin pruebas concluyentes”. El escrito cuestiona duramente las expresiones de la presidenta, que lo señalan como responsable de los hechos en Pataz, y sostiene que dichas afirmaciones se basan en información oficial, pero sin respaldo judicial ni imputación formal que justifique tales acusaciones.

Alerta sobre el uso de información sin respaldo judicial

Para Rodríguez Díaz, el hecho de que el máximo cargo del Estado utilice su posición para hacer estas acusaciones tiene un carácter de “veracidad institucional” que puede perjudicar su presunción de inocencia. “No entiendo cómo la aún presidenta puede emitir declaraciones tan graves sin que exista una orden judicial o una sentencia que ratifique esas acusaciones”, expresó su representante legal. Además, el acusado señala que estas declaraciones sirvieron para que diversos medios de comunicación las reprodujeran sin verificar su veracidad, lo que ha deteriorado su imagen pública y lo ha obligado a mantenerse en la clandestinidad por temor a una detención injusta.

El documento también cuestiona que Boluarte haya mencionado que Rodríguez Díaz fue capturado en 2023 y posteriormente liberado por el Ministerio Público, sin que exista una orden judicial vigente ni una imputación formal que lo vincule directamente con los delitos atribuidos en Pataz. Esta situación, según la carta, “sobrepasa los límites de una crítica política y entra en el terreno de la difamación”.

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Advertencias y posibles acciones legales

El abogado de “Cuchillo” advierte que, si en cinco días no recibe la rectificación pública solicitada, iniciará acciones judiciales contra Boluarte, por delitos contra el honor en la modalidad de calumnias y difamación agravada, previstos en los artículos 131 y 132 del Código Penal peruano. Además, indicaron que evaluarán acciones civiles y procedimientos administrativos dado el daño que, en su opinión, dichas declaraciones han causado a su cliente.

“Mi defendido está en la clandestinidad porque tiene miedo de ser detenido de forma injusta. La autoridad no puede usar su posición para dañar la reputación de una persona sin pruebas e incluso sin imputación formal”, afirmó Kevin Walker Díaz. La nota concluye con la intención de “Cuchillo” de buscar justicia y que se rectifiquen las palabras que, en su opinión, han afectado profundamente su honra.