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Corte Suprema decidirá el 21 de agosto si se levanta la prisión preventiva de Pedro Castillo

  • owenvalencia20
  • 17 ago
  • 2 Min. de lectura
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La Corte Suprema de Justicia evaluará el próximo 21 de agosto un nuevo recurso presentado por el expresidente Pedro Castillo, quien solicita el cese de la prisión preventiva que se le impuso tras su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La audiencia, de carácter virtual, está prevista para las 3:00 p. m. y será transmitida para permitir el escrutinio público de un proceso que, según las partes, podría estar justificado por cambios sustanciales en las circunstancias del caso.


En la diligencia, el juez supremo Juan Carlos Checkley escuchará los argumentos de la defensa de Castillo, así como los de la Fiscalía y la representación del Ministerio Público asignada al caso. El exmandatario, que se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo, en Ate, Lima, solicita la revisión de la medida restrictiva de prisión preventiva que, en su momento, fue decretada en la etapa preparatoria del proceso, en un contexto que la defensa califica como no sustentado por pruebas suficientes para mantener la cautela.


La defensa sostiene que, tras una exhaustiva revisión de las diligencias y de los antecedentes, no existen elementos de convicción que justifiquen la continuidad de la prisión preventiva. Subraya, además, que los requisitos legales para mantener vigente esa medida no se cumplen en las circunstancias actuales, y que el proceso debe avanzar en libertad para garantizar la debida defensa y la integridad del derecho a la presunción de inocencia.


Checkley Soria escuchará, en primer término, los argumentos de Castillo, seguido por los de su defensa y por la intervención del representante del Ministerio Público. Con base en esa intervención, el magistrado deberá emitir una decisión que, de ser favorable al pedido, permitiría al exjefe de Estado enfrentar el proceso en libertad en la etapa de juicio oral.


Actualmente, el proceso penal avanza en la fase de juicio oral, en la que la Fiscalía ha pedido una condena de 34 años de prisión por las acusaciones que recaen sobre Castillo en este expediente, además de las investigaciones paralelas en curso por otros casos, como Petroperú, Puente Tarata y asuntos vinculados al Ministerio de Vivienda. En ese marco, la defensa remarca que la revisión de la medida debe considerar asimismo los estándares de proporcionalidad y las garantías procesales del acusado.

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La audiencia contará con la intervención de los tres actores mencionados y, a la espera de la resolución, las partes y la opinión pública estarán atentas a cualquier indicio de cambio en la situación procesal del expresidente, así como a las posibles implicaciones institucionales que se desprendan de una decisión que podría ampliar o limitar la libertad durante el desarrollo del juicio oral.

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