Congreso aprueba compensación a usuarios ante interrupciones del agua

En una sesión plenaria marcada por la atención de la ciudadanía ante interrupciones en servicios básicos, el Congreso aprobó, con 93 votos a favor, el allanamiento al Proyecto de Ley 4553/2022-CR, modificando el Decreto Legislativo 1280 para introducir una compensación directa a los usuarios cuando se registre una interrupción injustificada del servicio de agua potable o saneamiento. El dictamen pasa a la siguiente etapa legislativa y, según informó la Comisión, la medida busca fortalecer la relación entre las empresas prestadoras y sus usuarios, imponiendo reconocimiento de las afectaciones concretas cuando la falla sea atribuible al operador.

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Katy Ugarte, subrayó que la norma persigue un equilibrio más transparente entre proveedores y usuarios, al obligar a las empresas a reconocer y resarcir el tiempo sin servicio cuando la interrupción sea atribuible al operador. En el texto aprobado se especifica que la empresa deberá compensar al usuario por el tiempo sin servicio, y se señala que el reglamento correspondiente definirá los criterios para calificar estos casos.

Además, el proyecto incorpora una disposición que ordena al Ejecutivo adecuar, en un plazo máximo de 180 días, el reglamento del sector Vivienda para garantizar la correcta implementación del nuevo esquema de compensación. Este cambio, según las autoridades parlamentarias, busca evitar ambigüedades operativas y garantizar una aplicación uniforme en todo el territorio nacional.

Las intervenciones durante el debate enfatizaron la necesidad de mecanismos claros que protejan a los usuarios ante interrupciones que afectan la calidad de vida y la productividad diaria. Si bien el Ejecutivo observó la iniciativa en su momento, el dictamen aprobado incorpora los ajustes solicitados por la administración, consolidando así un marco regulatorio más robusto para el sector de agua y saneamiento.

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Se espera que el reglamento correspondiente, una vez expedido, defina criterios objetivos para evaluar la duración de la interrupción, la magnitud del impacto y las condiciones bajo las cuales procede la compensación. Expertos señalan que la implementación efectiva dependerá de la capacidad de las empresas de medir con precisión los tiempos de indisponibilidad y de la autoridad reguladora para supervisar el cumplimiento.

La aprobación en el Pleno del Congreso marca un paso significativo hacia una mayor protección de los derechos de los usuarios ante fallas en servicios esenciales, con un énfasis en la transparencia, la responsabilidad de los proveedores y la necesidad de una regulación clara que asegure una compensación justa y oportuna.