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Congreso aprueba blindaje para senadores y diputados.

  • owenvalencia20
  • hace 10 horas
  • 2 Min. de lectura

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó restablecer la inmunidad parlamentaria para los candidatos que participarán en las elecciones de 2026. La decisión, respaldada por 14 votos a favor y 3 en contra, reviste una notable relevancia en la discusión sobre la independencia del Legislativo y las garantías de sus integrantes.


El mecanismo establecido busca evitar que los congresistas puedan ser arrestados o sometidos a procesos penales sin la autorización expresa de sus respectivos órganos legislativos. Según el dictamen, en los casos en que el congresista sea capturado en flagrancia, podrá ser puesto a disposición de la respectiva cámara o de la Comisión Permanente, que tendrá un máximo de 24 horas para decidir si autoriza o no su arresto y eventual enjuiciamiento.


En cuanto a los procedimientos, actualmente, la eliminación de la inmunidad en 2021 facilitó que la Corte Suprema pudiera procesar a los legisladores por delitos comunes sin necesidad de permisos previos del Congreso. Sin embargo, con esta nueva propuesta, se busca fortalecer esa protección, conceptualizándola como una "garantía de la función parlamentaria", según señala Wilson Soto, autor del dictamen y congresista de Acción Popular. Soto expresó que "la inmunidad no es una patente de impunidad absoluta, sino una garantía para asegurar la independencia y autonomía del Congreso".


Por su parte, algunos expertos han expresado preocupación por las implicaciones del retorno de esta inmunidad. Alejandro Rospigliosi, especialista en temas parlamentarios, calificó la medida como un retroceso en la lucha contra la corrupción. "Es una contrarreforma en una tendencia global que busca reducir la impunidad. La inmunidad, en la historia constitucional peruana, siempre ha sido vista como una barrera a la justicia", afirmó.


El ex oficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, criticó que el plazo máximo para decidir sobre la inmunidad sea de 30 días, asegurando que en la práctica, ese proceso puede resolverse en apenas unos días. También señaló que la facultad de la Corte Suprema para enjuiciar a los legisladores solo si el Congreso o la Comisión Permanente no deciden en ese plazo, fortalece la protección de los diputados y senadores, pero reabre el debate sobre los límites del control judicial y legislativo.


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El proyecto, que ahora podría ser debatido en el Pleno en junio, fue defendido por el congresista Wilson Soto, quien aclaró que la inmunidad no garantiza impunidad, sino que preserva la autonomía institucional. Pero no todos los sectores coinciden con esa visión. Fernando Rospigliosi, por ejemplo, considera que la presencia de la inmunidad en democracias del mundo es fundamental para proteger a los legisladores de presiones y persecuciones, calificando la medida como una decisión "populista" que podría complicar la lucha contra la corrupción.


El respaldo del dictamen fue obtenido en su mayoría por bancadas como Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular, APP y Podemos Perú.

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