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Conar sufre ciberataque y desata explosivas denuncias contra Lozano.

  • owenvalencia20
  • 8 ago
  • 2 Min. de lectura
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La Comisión Nacional de Arbitros (Conar) se convirtió en el centro de un episodio que ha reavivado el debate sobre la influencia en el arbitraje del fútbol peruano, luego de que su cuenta de Instagram fuera hackeada y difunda un video con acusaciones contundentes contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano. Minutos después del incidente, la Conar afirmó que el material no representaba su posición institucional y anunció acciones para identificar a los responsables del ataque y clarificar la situación ante la opinión pública y las autoridades pertinentes.


El material difundido muestra a tres supuestos árbitros peruanos, con la voz distorsionada y sin rostro, que dirigen señalamientos duros hacia Lozano y su equipo directivo. En la grabación se señalan irregularidades en el manejo de la Asociación Nacional de Árbitros del Perú y se sugieren influencias para garantizar apoyos electorales en futuras contiendas. Entre las afirmaciones, se cita que Lozano habría guiado decisiones sobre ascensos a categorías superiores desde 2018 y, presuntamente, habría presionado para que su equipo accediera a la Liga 1, con una referencia a incidentes ocurridos en 2024 como ejemplo.


Además, las denuncias recurren a cuestiones presupuestarias, alegando que los árbitros no recibirían pagos oportunos y que existiría una deuda que oscilaría, en ciertos casos, en alrededor de 15 mil soles. Se cuestiona, asimismo, la independencia de la Conar y la designación de una de sus integrantes, señalando posibles conflictos de interés por su cercanía con procesos electivos en la FPF.


La respuesta institucional no tardó en llegar. En un comunicado, la Conar rechazó las acusaciones y sostuvo que su cuenta fue vulnerada por terceros, subrayando que el contenido difundido durante ese periodo no refleja su postura ni sus prácticas. Anunció que ya se han iniciado gestiones legales para esclarecer el delito cibernético y que colaborará con las autoridades competentes para esclarecer el hecho y proteger la integridad de la institución y sus integrantes.


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Este episodio se suma a una serie de tensiones entre las entidades que rigen al fútbol en el país, en un momento en que la gobernanza del deporte profesional demanda mayor claridad, transparencia y mecanismos más robustos para salvaguardar la independencia institucional frente a presiones externas. La discusión sobre posibles conflictos de interés y las vías para garantizar procesos de ascensos y pagos puntuales continúa vigente entre aficionados, jugadores y dirigentes, mientras las pesquisas avanzan.

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