Censura e interpelaciones amenazan la continuidad de políticas públicas, advierte el ministro Maurate.

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, se pronunció sobre la moción de censura presentada contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, señalando que, si bien el control político es una competencia del Parlamento, este tipo de medidas introduce una dosis de inestabilidad que repercute en la administración pública.

En su intervención a RPP, Maurate explicó que, al aceptar el cargo, cada ministro comprende y asume que estará sujeto a la vigilancia y las decisiones del Congreso. No obstante, subrayó que las interpelaciones y las mociones de censura “afectan” la labor diaria de los titulares de cartera, obligándolos a desviar recursos y tiempo de la atención de sus respectivas áreas hacia las sesiones parlamentarias y las justificaciones ante los legisladores.

“Mira, toda interpelación, censura, por supuesto, quita tiempo a los ministros y; en consecuencia, afecta”, declaró Maurate, enfatizando que la gestión de políticas públicas, presupuestos y programas queda condicionada por la necesidad de responder a las preguntas y requerimientos del Congreso.

La moción en cuestión, promovida por al menos 35 congresistas, se presentó con el argumento de que la permanencia de Santiváñez en su cargo podría implicar un riesgo para la administración de justicia. Los respaldos parlamentarios sostienen que las decisiones del ministro de Justicia deben estar alineadas con un marco de independencia y competencia técnica, sin que ello comprometa la seguridad jurídica ni el correcto funcionamiento del sistema judicial.

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Analistas señalan que, más allá de la diferencia ideológica, el mecanismo de interpelación y la moción de censura se ha convertido en un instrumento de presión política que, según algunos, puede generar iniciativas administrativas erráticas o retrasos en la ejecución de políticas públicas cruciales para el país. Desde el Palacio de Gobierno se ha pedido evaluar con cautela estos mecanismos, con el objetivo de preservar la estabilidad institucional y garantizar que las funciones ministeriales no se vean paralizadas por contiendas políticas.

La oposición, por su parte, sostiene que el escrutinio constante es parte del equilibrio democrático y que la responsabilidad de cada ministro ante el Congreso es una garantía de transparencia. En este marco, Maurate reiteró la necesidad de mantener el foco en las necesidades de la ciudadanía y en la eficiencia de las entidades estatales, a la vez que reconoció la función supervisora del Parlamento como un componente esencial del sistema de pesos y contrapesos.