APCI podría abrir investigación a ONGs tras pedido de destitución de Tomás Gálvez, según Cueto

La noticia de hoy gira en torno a un oficio remitido por el congresista José Cueto, perteneciente a la bancada Honor y Democracia, a Noela Pantoja, directora ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). En el documento, Cueto solicita que se evalúe iniciar un proceso disciplinario contra dos organizaciones no gubernamentales—el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)—acusándolas de presunto uso irregular de fondos de cooperación técnica internacional y vinculándolas a posiciones críticas respecto de la designación de Tomás Aladino Gálvez Villegas como titular del Ministerio Público.

“El Congreso de la República”, señala Cueto en el oficio fechado el 11 de noviembre, “busca evaluar posibles irregularidades en el manejo de recursos de la cooperación internacional que habrían sido utilizados para fines ajenos a su naturaleza”. En particular, el parlamentario sostiene que estas organizaciones han intervenido en política nacional mediante el inicio de procesos administrativos y judiciales que buscan la destitución del actual fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas.

La noticia llega en un contexto complejo para el Ministerio Público y para la transparencia institucional. El Poder Judicial ya ha tomado decisiones relevantes respecto a la Fiscalía de la Nación: en un fallo reciente, ordenó la reposición de Delia Espinoza en su cargo, alegando que su separación se sustentó en una resolución suspendida por el juez que falló a su favor. La decisión fue emitida por el magistrado Juan Torres Tasso, y dio a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) un plazo de dos días para restituirla.

IDL y CNDDHH habían solicitado, ante la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, la salida de Gálvez por considerar que no cumple con el requisito de independencia y por describirlo como “actor político”. En su escrito, las organizaciones argumentan que la tutela de la independencia judicial está en juego ante las decisiones recientes y mencionan la necesidad de que la fiscal Patricia Benavides se abstenga de votar ante posibles conflictos de interés. También piden la apertura de un nuevo proceso de selección para el cargo de fiscal de la Nación interino.

Entre los argumentos de las organizaciones, se señala que la condición política real de la independencia debía considerarse en el marco de decisiones como la que derivó en la destitución, y que la Junta Nacional de Justicia, además, habría reactivado el título de fiscal supremo para Gálvez, a pesar de observaciones del Tribunal Constitucional. En ese sentido, las ONG destacan que la situación podría afectar la percepción de la independencia del Ministerio Público y, por ende, combatir la corrupción en el sistema judicial.

La propia nota de Cueto insiste en establecer una relación entre estas organizaciones y posibles usos indebidos de fondos de cooperación internacional. El texto cita como fundamento que las ONG habrían utilizado recursos para promover acciones que, en su marco, serían ajenas a su naturaleza, no solo interviniendo en el debate público, sino también propiciando procedimientos administrativos y judiciales dirigidos a destituir al fiscal de la Nación.

En cuanto a la respuesta oficial de las ONG, CNDDHH y IDL han reiterado su postura respecto de la necesidad de una designación que garantice independencia y legitimidad en el Ministerio Público, y han planteado que el proceso debe enfocarse en criterios técnicos y legales sin injerencia política. También han advertido que cualquier maniobra para descalificar su trabajo a partir de acusaciones de uso indebido de fondos podría afectar la lucha por la defensa de los derechos humanos y la transparencia institucional.

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A la espera de la decisión de la APCI y de las autoridades competentes, la sociedad observa con atención el desarrollo de este frente institucional, conscientes de que la integridad y la independencia del Ministerio Público es un eje fundamental para la lucha anticorrupción y el estado de derecho.