Acusan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de obstaculizar la lucha contra el crimen.

La bancada de Renovación Popular ha tomado una posición firme frente a la situación de inseguridad que vive Perú, solicitando a la presidenta Dina Boluarte que inicie de inmediato el proceso de denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. En un documento dirigido a la mandataria, el grupo parlamentario argumenta que las limitaciones impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) están obstaculizando de manera directa la lucha contra el crimen organizado y la seguridad de los ciudadanos.

De acuerdo con los legisladores, los recientes aumentos en delitos graves como la extorsión y el sicariato han generado un “estado permanente de zozobra” entre la población. "Los delitos que se vienen cometiendo en contra de nuestros conciudadanos están provocando un estado permanente de zozobra que podrían ser tipificados como actos de terror y de inestabilidad personal, social, económica y jurídica", resaltaron en su pronunciamiento.

Los parlamentarios también criticaron abiertamente la incapacidad de las instituciones judiciales para hacer frente a estas amenazas. Según afirman, los “obstáculos legales, constitucionales y convencionales” están impidiendo que el Estado responda de manera efectiva a la criminalidad que afecta al país. Así, Renovación Popular sostiene que la permanencia de Perú en el Sistema Interamericano de la Corte IDH limita la implementación de políticas públicas más eficaces.

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Por lo tanto, hicieron un llamado a la presidenta Boluarte para considerar esta solicitud como una prioridad. "En tal sentido, y siendo un clamor de la ciudadanía que día a día sufre de las peores formas de delincuencia y criminalidad", subrayaron. Este pedido se inscribe dentro de un creciente debate en el país acerca de la relación que Perú mantiene con la Corte Interamericana, así como las posibles consecuencias de una eventual desvinculación de este organismo internacional.