144 alcaldes forzados a viajar sin recursos para reunión presidencial

Una nueva polémica en el centro del escenario político peruano revela detalles que podrían poner en entredicho la gestión de la presidenta Dina Boluarte y la forma en que su gobierno mantiene relaciones con los alcaldes del país. Según una investigación del programa Punto Final, 144 alcaldes habrían sido obligados a desplazarse a Lima para asistir a una reunión presencial en la sede de la Presidencia, en una iniciativa destinada a “visibilizar las acciones del Gobierno central” y a iniciar el proceso de transferencia de recursos a sus municipios.

El requerimiento, que inicialmente parecía una simple formalidad, desató una problemática en torno a las facilidades y recursos económicos de los propios alcaldes. La transferencia de fondos, gestionada a través del programa Llamkasun, se realiza cada año con la firma de convenios en las oficinas zonales del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en esta ocasión, la directora del programa, Jessica Tumi, aseguró que “ningún alcalde fue obligado a asistir de manera presencial”. Contradiciendo estas declaraciones, los propios alcaldes afectados aseguran lo contrario y detallan que los documentos que recibieron indican lo contrario.

La convocatoria llegó apenas el 12 de mayo, y el encuentro estaba pactado para el 15 del mismo mes, en un contexto en el que muchos alcaldes, cuya economía municipal apenas les permite cubrir gastos básicos, no contaban con los recursos necesarios para realizar un viaje de muchas horas o incluso días hacia Lima. Algunos revelaron que tuvieron que realizar viajes por varias jornadas y, en algunos casos, hacer uso de transporte rudimentario —como un alcalde que tuvo que subirse en un camión desde una comunidad remota—, solo para cumplir con la exigencia de asistir en persona.

El cambio de sede, inicialmente prevista en el Ministerio de Trabajo, terminó realizándose en la sede de la Presidencia. Los alcaldes llegaron acompañados de regidores y, en entrevistas con medios, aseguraron que los gastos en estadía, pasajes y otros conceptos podrían llegar a superar los 5,000 soles, cifra que muchos municipios no están en condiciones de afrontar sin afectar sus presupuestos locales.

Un detalle relevante, revelado por un jefe de oficina zonal, indica que los funcionarios firmaron los convenios en nombre de sus instituciones y enviaron los documentos escaneados a Lima para la firma formal en la reunión. Sin embargo, las afirmaciones de Tumi, quien aseguró que nadie fue forzado a asistir en persona, parecen contradecir estas acciones que, en la práctica, parecen haber obligado a los alcaldes a movilizarse bajo presión.

Este incidente enrola en la discusión más amplia sobre la relación entre el gobierno central y los gobiernos locales, poniendo en evidencia las limitaciones de recursos con las que aún enfrentan muchas administraciones municipales y cuestionando las formas en que se gestionan las transferencias y las interacciones institucionales en el país.