Óscar Arriola defiende a Magallanes: “no hubo dolo” y pide libertad para el suboficial

La Policía Nacional del Perú vive un momento de tensión entre sus deberes institucionales y el escrutinio judicial que acompaña a los hechos de las protestas del 15 de octubre. En declaraciones desde Villa El Salvador, el comandante general Óscar Arriola defendió la actuación del suboficial de tercera Luis Magallanes, señalado previamente como el autor del disparo que causó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz cerca de la Plaza Francia. Aseguró que Magallanes “debió salir en libertad ayer, antes de ayer o en el minuto siguiente” y sostuvo que no existió “voluntad criminal” en el hecho.

Arriola enumeró eximentes que, a su juicio, encuadrarían la acción policial dentro del marco legal: cumplimiento del deber, legítima defensa, actuación en un estado de miedo insuperable y, además, la pericia balística que, en su lectura, sostiene que el disparo fue un acto culposo sin dolo. En sus palabras, “al efectuar el disparo, que dijimos en un primer momento, y que este va al piso y que existe una pericia balística, entonces estamos hablando de un acto culposo que no tiene voluntad criminal”.

Estas afirmaciones se dan en un contexto en el que Magallanes enfrenta una detención preliminar ordenada por el Poder Judicial el 18 de octubre. El suboficial, que ha sido señalado como el responsable de la muerte de Ruiz Sanz, ha iniciado una lucha judicial para revertir la medida cautelar. El Instituto de Defensa Legal Policial (IDL-POL) presentó un hábeas corpus que el Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional admitió a trámite, con el objetivo de anular la detención y permitir que Magallanes continúe su proceso en libertad.

El abogado Jesús Poma, representante del IDL-POL, subrayó que la resolución de detención preliminar no contempló la aplicación de la Ley 32181, vigente desde 2023, que protege a policías en servicio cuando emplean sus armas reglamentarias en el cumplimiento de sus funciones. Según Poma, la normativa busca evitar que permanezcan detenidos de manera preventiva cuando no se demuestre dolo en el uso de las armas.

En otro plano, la Policía Nacional expresó su discrepancia con la actuación de la Fiscalía especializada en Derechos Humanos respecto a la investigación de la muerte de Ruiz. La PNP señaló una posible duplicidad de funciones y pidió que la dirección de las pesquisas recaiga en la propia Policía y no en el Ministerio Público.

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A la vez que el debate legal se articula, la figura de Magallanes es presentada por sus defensores y por Arriola como un “héroe” que ha defendido la democracia y la gobernabilidad de quienes han sufrido actos de violencia, con un saldo de 89 policías heridos durante las protestas. Las palabras de Arriola buscan, en la práctica, consolidar una narrativa institucional que sitúa al suboficial en el marco de la defensa de la seguridad pública.

Este caso, que combina elementos de derecho procesal, interpretación de la Ley 32181 y tensiones entre la Policía y el Ministerio Público, promete continuar en el centro de la atención pública mientras se avanza en las etapas judiciales pertinentes.