Wilson Soto: “La libertad de expresión no se negocia” frente a la propuesta de castigar difusión de chats y correos por la prensa.

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, se pronunció sobre una iniciativa legislativa que propone sancionar la difusión de chats y correos vinculados a investigaciones periodísticas. Aunque considera que es una opinión personal, el parlamentario aseguró que su bancada “está en la misma línea” y llamó a debatir el tema con responsabilidad, sin afectar la libertad de prensa.

Al debate le antecede una propuesta que busca modificar el artículo 164 del Código Penal. La idea es ampliar el ilícito de “publicación indebida de correspondencia” para incluir también correos electrónicos y mensajes de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram, entre otros), cuando su difusión se haga a través de redes sociales y no exista un interés público que justifique la publicación, causando perjuicio.

El alcance de la iniciativa ha generado voces divididas. Por un lado, Soto subrayó que proteger el trabajo de la prensa es clave para una democracia viva, pues la labor de fiscalización periodística aporta transparencia y rendición de cuentas. En esa línea, enfatizó: “Todo parlamentario tiene el derecho de iniciativa legislativa. Sin embargo, yo no comparto. Creo que no podemos afectar la libertad de expresión y limitar la labor de prensa, que también hace una fiscalización fundamental. Vivimos en una democracia”.

“Yo apoyo totalmente el rol que hace la prensa, la fiscalización, las investigaciones, porque no podemos limitar la labor que hace”, añadió ante la pregunta sobre posibles límites a la difusión de información de interés público. Aunque insistió en que se trata de una opinión personal, afirmó que su bancada comparte esa visión y que el debate debe hacerse con “mucha responsabilidad”, para evitar predisponer la libertad de prensa.

La propuesta en cuestión fue discutida el pasado 3 de septiembre por la Comisión de Justicia del Congreso, donde se analizó el predictamen que plantea ampliar el marco del delito para incluir contenido de correos y mensajes privados difundidos a través de redes. El texto propone sanciones para quienes publiquen mensajes privados “sin que medie interés público y causando perjuicio”.

La discusión ha recibido una respuesta contundente de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que expresó su rechazo. La ANP recordó que la difusión de chats y correos ha contribuido a la difusión de información de relevancia pública, citando casos emblemáticos como los “chats de La Botica” y “Mototaxi” para ilustrar el valor informativo de este tipo de filtraciones.

En el ámbito político, el debate continúa a la espera de un dictamen que oriente el equilibrio entre el derecho a la intimidad y la necesidad de información pública. Periodistas, abogados y representantes de la sociedad civil han pedido claridad sobre criterios, salvaguardas y límites, para evitar que la libertad de expresión se vea coartada por interpretaciones restrictivas.

Lo ocurrido genera, a su vez, un llamado a la reflexión sobre el diseño de mecanismos que permitan la fiscalización sin convertir la difusión de información en una sanción penal automática. En un entorno democrático, la prensa es un puente entre el poder y la ciudadanía; cualquier cambio normativo debe, por tanto, fortalecer esa función sin menoscabar libertades fundamentales.

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Wilson Soto insiste en la necesidad de debatir con responsabilidad, sosteniendo que la libertad de expresión y la libertad de prensa no son discutibles, y que la labor informativa debe seguir siendo un pilar de la democracia. Los próximos pasos parlamentarios determinarán si existe espacio para un marco legal que regule de manera precisa la difusión de información privada que, en circunstancias adecuadas, puede resultar de interés público.