Víctimas de trata de personas ignoradas por el sistema judicial.

El fenómeno de la trata de personas ha cobrado una dimensión alarmante en Perú. Según datos del Ministerio Público, en 2024 se registraron 1,900 denuncias relacionadas con delitos contra la dignidad, pero la respuesta del sistema judicial es abrumadoramente baja: sólo 30 condenas se dictaron en este periodo, lo que refleja una tasa de condenación del 1.58% de los imputados. Este desalentador panorama pone de manifiesto las deficiencias en la capacidad del Estado para enfrentar este crimen.

"Es claro que nuestra capacidad de sanción no es óptima", afirma el abogado Mario Amoretti, quien señala que el sistema judicial peruano opera de manera reactiva. La principal fuente de pruebas en estos casos es la declaración de las víctimas, lo que puede ser problemático. "Si la agraviada cambia de versión debido a presiones o amenazas, toda la investigación se ve comprometida", advierte. Este enfoque reactivo se convierte en un obstáculo, especialmente cuando muchas víctimas no se atreven a denunciar por miedo a represalias o por la falta de confianza en la justicia.

Cada año, alrededor de 5,000 víctimas sufren explotación sexual o laboral en el país, y el 36.2% de ellas son menores de edad. Estas víctimas son captadas mediante falsas promesas de empleo o estudios. La directora de Programas y Proyectos de CHS Alternativo, Mercedes Arce, resalta que el perfil de las víctimas sigue siendo predominantemente femenino, con un alarmante aumento de extranjeras procedentes de países como Venezuela, Colombia y Ecuador. "La presencia de víctimas extranjeras ha crecido del 11% en 2021 al 28% en 2024", indica Arce, lo que sugiere que las bandas criminales operan de manera trasnacional, exacerbando la complejidad del problema.

Arce también enfatiza que la complicidad de algunos familiares en la explotación de menores es un factor que agrava la situación. En algunos casos, los propios padres o familiares pueden estar al tanto de la explotación o incluso ser parte del proceso. Esto plantea un reto significativo para las autoridades, que deben no solo lidiar con el delito en sí, sino también con las dinámicas familiares que lo perpetúan.

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Por su parte, Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, apunta a un incremento en los casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. "Los menores, en muchos casos, no saben cómo reconocer situaciones de riesgo como el grooming", explica Valdés. De acuerdo a una encuesta nacional realizada por CHS Alternativo entre 2023 y 2025, el 60% de los adolescentes en Lima y Callao interactúa en línea con adultos que utilizan falsos perfiles para acercarse a ellos.

La trata de personas no solo representa un delito, sino una profunda crisis social que requiere una respuesta integrada y multisectorial. Las cifras y testimonios revelan que es fundamental actuar de manera proactiva y prevenir la explotación, recuperando y restaurando así la dignidad de las personas afectadas.