Vocero del MP denuncia que orden de Benavides fue emitida sin competencia y con respaldo del Gobierno.

El Ministerio Público ha emitido una declaración oficial para rechazar la validez del documento que ordenaba la inmediata reincorporación de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Según explicó Víctor Cubas, vocero del organismo, dicho oficio fue emitido por una funcionaria que, a su juicio, no cuenta con la competencia legal para tomar esa decisión. La institución sostiene que la orden carece de sustento jurídico y que podría estar impulsada con respaldo del Poder Ejecutivo, una acusación que genera controversia en medio de la tensión institucional actual.

El rechazo se fundamenta en que la orden fue firmada por Magnolia Martínez Hidalgo, directora de Procesos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pero el Ministerio Público insiste en que su rol en esa materia es estrictamente administrativo y no tiene competencia jerárquica para emitir resoluciones de esa naturaleza. En declaraciones a Canal N, Cubas señaló que "la orden carece de fundamento legal y además, existe la preocupación de que esta podría ser impulsada con respaldo del Poder Ejecutivo, poniendo en duda la autonomía del Ministerio Público".

El vocero también hizo alusión a que la posible reincorporación de Benavides con apoyo policial, sin que exista una resolución formal y legal que la respalde, podría generar una tensión innecesaria en el escenario institucional, con riesgos para la estabilidad del sistema judicial. Aunque aclaró que confía en que no suceda, advirtió sobre la peligrosidad de una acción de esa magnitud.

Publicidad

Por otro lado, el Ministerio Público acusó a los ministros del Interior y de Justicia, Víctor Rojas y Daniel Maurate, de interferir en el proceso, ya que ambos han ordenado brindar seguridad a Patricia Benavides a pesar de que su situación legal aún no está definida. Según Cubas, estos reconocimientos previos afectan la autonomía del organismo y generan un escenario de injerencia en una decisión que debe seguir los canales legales adecuados.

La polémica continúa en medio de un ambiente de tensión, y el Ministerio Público reafirma su compromiso con la legalidad y la defensa de la independencia institucional frente a intereses externos. La tensión persiste, y tanto los actores gubernamentales como las instituciones judiciales enfrentan un escenario complejo que requiere claridad y respeto a los procedimientos jurídicos establecidos.