Vizcarra: si Dina Boluarte no retira a Santiváñez y a Arana, el Congreso debe censurarlos.

En medio de un nuevo capítulo del escándalo político que sacude al actual gobierno, se ha difundido un audio que involucra al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Santiváñez, y al jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, en un presunto caso de tráfico de influencias que podría tener efectos de gran alcance para la cúpula administrativa.

El clip, divulgado por el programa Panorama, supuestamente fue grabado en septiembre de 2024 y muestra a Santiváñez pidiendo —a través de una conversación telefónica con Arana— el traslado de un policía condenado a una pena de 27 años, conocido como “El diablo”, a un pabellón más cómodo en el penal El Milagro de Trujillo. En la grabación se escucha a Santiváñez dirigir la gestión de la seguridad penitenciaria con un tono que, para algunos analistas, sugiere intervención directa para beneficio de personas cercanas a su círculo.

La secuencia continúa con una interacción en la queSantiváñez dice: “Hermano, oye, escúchame nomás, escúchame. No te quiero molestar, rapidísimo nomás. Lo que pasa es que han venido al Ministerio la familia de los policías, ¿ya? Y ¿te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo?”, a lo que Arana Ysa responde: “Ya”. El interlocutor añade entonces: “Todavía no lo cambian, hermano, sigue todavía ahí”. En ese momento, el entonces ministro de Justicia reitera: “Lo veo ahorita. Lo veo ahorita”.

Más adelante, la grabación parece indicar un acuerdo tácito para continuar con la situación actual del detenido, con Santiváñez insistiendo en la intervención del Ministerio para facilitar un movimiento que, según la acusación implícita en el audio, podría favorecer a un miembro de la organización vinculada a la seguridad interna.

Las reacciones no se han hecho esperar. En redes sociales, el expresidente Martín Vizcarra ha señalado que el “escándalo de los audios del ministro Santiváñez arrastra” a Arana Ysa y “a todo el Gabinete”, advirtiendo: “Si la presidenta [Dina Boluarte] no los retira de inmediato, el Congreso debe censurarlos”. En su lectura, el episodio suscita interrogantes sobre la integridad institucional y la separación entre funciones ejecutivas y favorecimientos indebidos.

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Este caso añade presión sobre el gobierno en un momento en que la atención pública está centrada en la transparencia y la rendición de cuentas. Diversos analistas advierten que episodios de esta naturaleza pueden erosionar la confianza ciudadana en las instituciones, independientemente de las responsabilidades penales que puedan derivarse de la investigación.

Hasta la fecha, las autoridades no han emitido un pronunciamiento formal sobre el audio ni han confirmado verificaciones independientes de su autenticidad, lo que mantiene el tema en un estado de incertidumbre y especulación mediática. En este contexto, el Congreso y la opinión pública exigen respuestas claras y una revisión rigurosa de los actos de aquellos que ocupan cargos de alta responsabilidad.