Vizcarra podría cambiar de penal: INPE anula ingreso a Barbadillo y ordena nueva evaluación

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) declaró nula la clasificación que permitió el ingreso del expresidente Martín Vizcarra al penal de Barbadillo, decisión que abre la posibilidad de trasladarlo a otro establecimiento. La medida se produce tras la detección de irregularidades en el procedimiento de clasificación realizado el 14 de agosto, día en que el exmandatario fue internado en Barbadillo bajo prisión preventiva solicitada por la fiscalía.

En el texto de la resolución, la Junta Técnica de Clasificación habría aplicado de forma incorrecta la normativa vigente al asignarle Barbadillo, pese a que, de acuerdo con la Directiva N° 006-2023-INPE-DTP, el puntaje correspondiente (16) situaba a Vizcarra en el penal de Lurigancho. La decisión se fundamenta en principios del Reglamento del Código de Ejecución Penal y en los marcos legales citados (Decreto Supremo N° 015-2023-JUS y la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General).

Para subsanar estas incongruencias y asegurar el debido proceso, el INPE informó la conformación de una nueva Junta Técnica de Clasificación, integrada por un equipo multidisciplinario: un abogado, una psicóloga y una trabajadora social. Este grupo tendrá la tarea de revisar el expediente y realizar una nueva evaluación para determinar el penal que corresponda, respetando criterios técnicos y el marco legal vigente.

Fuentes consultadas por distintos medios señalan que, entre las opciones evaluadas, podría figurar nuevamente Lurigancho; sin embargo, el INPE no ha confirmado oficialmente este extremo. La institución enfatizó que el procedimiento se ejecutará garantizando el respeto a los derechos del interno y con plena transparencia.

Vizcarra fue trasladado a Barbadillo bajo estricta custodia policial, lo que ha generado un intenso seguimiento público. Su caso se inscribe en las investigaciones de presuntos sobornos vinculados a casos relevantes para la justicia, por los que la fiscalía solicita una condena de 15 años. La decisión de trasladarlo a una nueva ubicación debe velar por un marco procesal sólido y la seguridad del interno, según observadores expertos.

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Este episodio subraya la importancia de una clasificación y supervisión penitenciaria estricta, así como de una revisión institucional ante posibles discrepancias en procedimientos que podrían afectar derechos y garantías procesales. El INPE reiteró su compromiso con la legalidad y la protección de los derechos humanos en todas las fases del proceso.