Vizcarra: Poder Judicial decide hoy si se impone prisión preventiva por 6 meses.

Hoy, el exmandatario Martín Vizcarra debe presentarse ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional para la audiencia en la que el equipo fiscal avaliará la solicitud de prisión preventiva por un periodo de seis meses, dentro del marco de la investigación por presuntas coimas recibidas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014). El proceso continúa en su etapa oral, tras la fase de investigación, y señala posibles riesgos de fuga, según la Fiscalía.

El fiscal Germán Juárez Atoche, responsable del Equipo Especial Lava Jato, sustentará ante el tribunal la pretensión de impedir la libertad del exmandatario durante medio año. En la audiencia, que podría durar aproximadamente 50 minutos, Vizcarra contará con la intervención de su defensa para contrarrestar la petición. En el centro de la controversia se encuentra la presunta entrega de sobornos por parte de constructoras a cambio de adjudicaciones de proyectos emblemáticos para la región de Moquegua.

Según la hipótesis de la fiscalía, la acusación se apoya en la supuesta entrega de hasta 2.3 millones de soles por los proyectos Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua, adjudicados a las empresas Obraínsa e ICCGSA durante la gestión de Vizcarra como gobernador. Aunque el exgobernador ha mantenido su arribo a distintos ámbitos provinciales en medio de rumores sobre una campaña a futuro para las elecciones generales de 2026, continúa sin restricciones de viaje al exterior ni de entrada a provincias a la fecha.

La fiscalía sostiene que existe un riesgo de fuga, tema que también ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la defensa. Además, Vizcarra, según la Fiscalía, podría recurrir a estrategias para sortear la prisión preventiva, como presentar documentos de arraigo laboral; sin embargo, dichos documentos se han vinculado a empresas ligadas a él y a su familia, según informaciones recogidas por medios especializados.

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En paralelo, el Ministerio Público presentó evidencia de un intercambio sostenido de llamadas entre Vizcarra y José Manuel Hernández, presunto intermediario del pago de un soborno de 1.3 millones de soles a ICCGSA para la adjudicación de las obras. Las comunicaciones, junto con la declaración de Hernández bajo cooperación eficaz, habrían mostrado que los pagos se habrían concretado tras estas comunicaciones, lo que refuerza la narrativa de la fiscalía sobre el modo de la presunta influencia en las adjudicaciones.

A día de hoy, el proceso judicial continúa desarrollándose en su fase oral, con posibles consecuencias penales que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión si se acreditan los cargos. La audiencia de hoy marca, así, un punto crucial en la investigación, que sigue bajo escrutinio público y mediático ante la expectativa de una resolución que podría definir el curso de Vizcarra en este periodo preelectoral.