Vizcarra es trasladado de Ancón II a Barbadillo: defensa y familiares piden claridad sobre la decisión.

Martín Vizcarra regresa a Barbadillo tras pasar pocos días en Ancón II. El expresidente, aún considerado como posible candidato presidencial por Perú Primero, fue trasladado este jueves al penal Barbadillo, ubicado en Ate, apenas antes del mediodía, y seguirá cumpliendo la prisión preventiva de cinco meses impuesta en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción durante su gestión en Moquegua.

El Ministerio de Justicia informó, a través de una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, que el traslado responde a un protocolo de evaluación y una decisión que respeta la autonomía del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El ministro Juan José Santiváñez explicó que el traslado de Barbadillo desde Piedras Gordas obedece a una solicitud de su despacho y a la necesidad de salvaguardar la integridad del exmandatario, así como a la posibilidad de que Vizcarra y su equipo de defensa den su consentimiento para este cambio de recinto.

Este movimiento ocurre poco después de que, el 22 de agosto, Vizcarra fuera reubicado en Ancón II tras la revisión de la clasificación penitenciaria por irregularidades detectadas en la asignación del penal. Familiares y seguidores del exgobernante denunciaron que la decisión vulnera su integridad física y mental y sostuvieron que podría tratarse de una persecución política promovida por el gobierno de Dina Boluarte y otros actores contrarios a Vizcarra.

Hasta ahora, el traslado representa una reubicación en un periodo de menos de una semana dentro del sistema penitenciario del norte de Lima. Las declaraciones oficiales sobre la posición de la defensa o de la familia del expresidente han sido limitadas, sin pronunciamientos públicos hasta el momento de este informe.

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Paralelamente, el Poder Judicial ha programado para este viernes 29 de agosto, a las 10:00, la audiencia de apelación presentada por la defensa de Vizcarra contra la medida de prisión preventiva. La sesión, que se desarrollará de forma virtual, busca revertir la orden que mantiene al exmandatario en prisión por presuntos delitos de cohecho vinculados a proyectos en Moquegua, como Lomas de Ilo y el Hospital de esa región.

Durante la audiencia del 26 de agosto, Vizcarra adelantó que podría haber cambios de ambiente dentro del mismo establecimiento o incluso un traslado a otro centro, y señaló directamente a Dina Boluarte como responsable de su nueva ubicación, afirmando que la decisión depende de una Junta de Clasificación influenciada por disposiciones gubernamentales. Estas declaraciones subrayan la tensión entre el proceso judicial y la coyuntura política circundante.

Este caso continúa generando debate público sobre la independencia de las decisiones del INPE y las evidentes tensiones entre actores políticos y el sistema judicial. A medida que avanza la revisión judicial, el país sigue atento a los próximos movimientos en torno a la prisión preventiva de Vizcarra y las implicaciones políticas de su caso.