Vizcarra asegura que él manda, por encima del premier y de Boluarte es Santivañez.

En lo que parece abrir una nueva grieta en la ya tensa cuerda política del país, el expresidente Martín Vizcarra volvió a generar polémica al señalar, desde el aeropuerto de Tacna, que el exministro del Interior y actual titular de Justicia, Juan José Santiváñez, “es el presidente del Perú”. Las declaraciones, recogidas por varios presentes, provocan reverberaciones inmediatas en los círculos gubernamentales y entre analistas civiles que siguen de cerca la lucha por el poder entre distintos actores.

Las palabras exactas de Vizcarra, registradas en un breve intercambio antes de abordar un vuelo, enfatizan una lectura muy particular de la jerarquía del Ejecutivo. “Santiváñez es el presidente de la República actualmente, porque él es quien toma todas las decisiones. En el organigrama del Gobierno, él está encima del premier y de Dina Boluarte”, afirmó, repitiendo una sentencia que ya circula en pasillos políticos y entre seguidores de la controversia.

El expresidente, que recientemente fue excarcelado por el Tribunal Constitucional tras una decisión que reavivó debates sobre su influencia política, también dejó en claro su oposición al gobierno actual. Según Vizcarra, Dina Boluarte “estaría subordinada” a Santiváñez, una afirmación que añade una nueva capa de tensión a una administración que ya enfrenta diversas críticas y desafíos institucionales.

La controversia llega en medio de indagaciones judiciales sobre antiguos rivales políticos. El exgobernador de Moquegua está involucrado en investigaciones relacionadas con los casos known como “Lomas de Ilo” y “Hospital de Moquegua”, por los cuales la Fiscalía solicita una condena de quince años de prisión efectiva. El contexto legal añade una dimensión adicional a la discusión sobre la cadena de mando y la legitimidad de las decisiones políticas.

Analistas consultados señalan que estas declaraciones podrían intensificar el debate sobre la concentración de poder en manos de figuras cercanas a Vizcarra o a sus antiguos aliados. Otros, en cambio, observan que el vuelo de la polémica depende de la capacidad de cada actor para sostener la narrativa ante la opinión pública y ante la comunidad política.

La administración de Dina Boluarte, por su parte, no ha reaccionado con claridad sobre este episodio específico. Fuentes gubernamentales, que pidieron no ser identificadas, señalaron que el equipo de comunicaciones está evaluando el impacto de las declaraciones y la forma en que podrían influir en la agenda pública. En un entorno donde la narrativa política se mueve a través de redes sociales y plataformas de opinión, cada intervención de Vizcarra tiende a generar respuestas rápidas, tanto de aliados como de críticos.

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Entre la población, la afirmación ha generado reacciones variadas. Un segmento de simpatizantes de Vizcarra celebra la afirmación como una revelación que expone lo que consideran un desequilibrio institucional. Otro grupo advierte sobre las posibles consecuencias de atribuir funciones y jerarquías no aprobadas por la legalidad vigente, enfatizando la necesidad de basar cualquier interpretación en marcos constitucionales y en la realidad fáctica de la administración pública.

En un momento en que el país atraviesa complejidades políticas, la afirmación de Vizcarra podría convertirse en un punto de inflexión para la dinámica entre el Gobierno y sus oponentes, así como para la percepción pública de la autoridad y la cohesión institucional.