Villarán busca que el estado cubra su defensa en proceso por presunta colusión en obra de Lima

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha presentado una solicitud formal a la Municipalidad de Lima para que le brinde protección legal en el marco de una investigación en su contra. La exfuncionaria, quien gobernó la capital entre 2011 y 2014, busca que el municipio asuma la cobertura de sus honorarios legales en un proceso que la vincula con presuntas irregularidades en la ejecución de una obra pública.

El caso en cuestión se centra en una supuesta “colusión agravada y negociación incompatible” relacionada con la obra conocida como "Recuperación de la Plaza de la Bandera". Según la denuncia, durante su gestión, se habría otorgado de manera irregular valorizaciones adicionales a favor del Consorcio Villa, implicado en la obra. Esta irregularidad, presuntamente, habría generado perjuicios económicos para la municipalidad.

Villarán explicó que la Fiscalía ha solicitado el archivo de la investigación en su contra, dado que no encontró suficientes pruebas para sustentar la acusación. No obstante, la Procuraduría ha manifestado su oposición a esa decisión y continúa insistiendo en la necesidad de seguir el proceso. Debido a esta disputa, la exalcaldesa ha decidido solicitar que sea el Estado quién asuma los costos de su defensa jurídica, proponiendo un acuerdo en ese sentido.

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En la documentación presentada, Villarán incluía también una propuesta de defensa legal, además de compromisos de reembolso y devolución, en caso de que se dictamine alguna responsabilidad en su contra. La exfuncionaria argumenta que su petición busca garantizar su derecho a una defensa adecuada y evitar que estos cargos tengan un impacto injustificado en su patrimonio personal.

Hasta ahora, la Municipalidad de Lima no ha emitido una posición oficial respecto a esta solicitud, pero el caso continúa generando atención en el ámbito político y jurídico del país, poniendo en ese contexto la controversia sobre la responsabilidad en las obras públicas y el rol del Estado en la protección de sus exfuncionarios.