Tribunal Constitucional respalda el derecho a la salud de Toledo con orden de traslado
- owenvalencia20
- 6 ago.
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El pasado 31 de julio, el Tribunal Constitucional (TC) emitió una resolución que ha suscitado una significativa atención en los ámbitos judicial, político y social del Perú. En esta decisión, el máximo órgano constitucional declaró nula la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate, la cual había impedido hasta ahora el traslado del expresidente Alejandro Toledo a una clínica privada para recibir atención médica ambulatoria. Este fallo ordena, con carácter de urgencia, que se permita el traslado del exmandatario a una clínica de su elección bajo las condiciones planteadas por su defensa.
La decisión del TC se fundamenta en que la denegatoria inicial vulneraba derechos fundamentales del expresidente, específicamente su derecho a la salud y a una atención médica adecuada. La resolución judicial anterior no había sido debidamente justificada, lo que llevó al tribunal a considerar que la justicia había incumplido con sus obligaciones constitucionales.
La defensa de Toledo había presentado un recurso de apelación ante el TC, alegando que la decisión del juzgado de Ate contravenía una sentencia previa del propio tribunal, dictada en abril de 2024. En esa oportunidad, el TC ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que emitiera una respuesta formal y motivada respecto a la solicitud de atención médica privada del exmandatario, quien padece enfermedades graves y desde hace más de dos años solicita ser atendido en la Clínica San Pablo, institución que cubriría todos los costos sin requerir internamiento.
A pesar de contar con la aprobación del derecho a acceder a atención médica especializada, en marzo de 2025, el juzgado de Ate rechazó el pedido, sosteniendo que no existía justificación médica suficiente. En ese momento, basándose en una evaluación del sistema penitenciario, declaró a Toledo “clínicamente estable” y con acceso garantizado a especialistas en hospitales de Essalud.
El fallo reciente del TC recalca que el judicial debe emitir una nueva resolución que permita el traslado, bajo las condiciones específicas planteadas por la defensa: atención ambulatoria, sin necesidad de hospitalización y con financiamiento propio. El tribunal también destacó que, aunque tanto el juzgado como el INPE no brindaron una respuesta satisfactoria anteriormente, sí cumplieron con un pronunciamiento formal, por lo que no se considera adecuada una sanción contra ellos.
Este fallo reitera la importancia del derecho a la salud, incluso en contextos de proceso judicial y privación de libertad, y pone en evidencia la necesidad de respetar las sentencias y derechos fundamentales de los presos, especialmente cuando enfrentan problemas de salud grave. La decisión del TC abre un nuevo capítulo en el caso de Alejandro Toledo, cuya solicitud de atención médica especializada continúa siendo una prioridad para sus abogados y familiares, y un tema de gran impacto social y político en el país.
