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Tribunal Constitucional elimina la extinción de dominio, ley permitirá recuperar bienes ilícitos anteriores a 2018

  • owenvalencia20
  • 1 ago
  • 2 Min. de lectura
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El Tribunal Constitucional (TC) dictaminó la anulación de la extinción de dominio respecto a bienes ilícitos adquiridos antes de 2018, una decisión que ha generado gran impacto en la escena política y judicial del país. La resolución limita la recuperación de propiedades relacionadas con delitos graves cometidos en décadas pasadas, beneficiando potencialmente a expresidentes y figuras públicas vinculadas a casos de corrupción como Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y otros.


Según la decisión, los bienes adquiridos en el período previo a 2018 ya no podrán ser confiscados por el Estado bajo la ley de extinción de dominio, que hasta ahora había sido una herramienta eficaz para desmantelar redes criminales, especialmente relacionadas con la corrupción y actividades ilícitas que involucraron a altos funcionarios y exmandatarios.


En concreto, las consecuencias afectarían a personajes emblemáticos. Alberto Fujimori y su círculo cercano, incluyendo Vladimiro Montesinos, podrían evitar la devolución o la confiscación de bienes obtenidos durante su régimen de los años 90 y hasta 2018, dado que gran parte de estos activos ya no serían alcanzados por la ley. Desde la recuperación de millones de dólares en cuentas bancarias y propiedades, hasta bienes relacionados con sus colaboradores, todo podría quedar fuera del alcance de la justicia.


También figuras como Alejandro Toledo y Ollanta Humala, que enfrentan procesos por corrupción vinculados a Odebrecht y lavado de activos, se verían beneficiadas. Se estima que bienes valorados en millones de dólares, adquiridos antes de la fecha límite, quedarían exentos de confiscación, complicando la lucha contra la impunidad en casos de corrupción altamente denunciados durante los últimos años.

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La reacción política no se hizo esperar. La congresista Ruth Luque criticó duramente la resolución, señalando que el fallo favorece a las redes criminales y socava la lucha contra la corrupción. Por su parte, la presidenta del Congreso, Luz Pacheco, defendió la decisión y afirmó que la protección del derecho a la propiedad es un principio fundamental que debe respetarse.


El fallo del TC genera un escenario complejo en la lucha contra la corrupción, evidenciando la necesidad de revisar las leyes y mecanismos que permitan seguir combatiendo la impunidad, especialmente en casos que involucran a exautoridades y personajes de alta relevancia pública.


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