Transportistas paran por seguridad y garantías: 72 empresas suspenden servicio este jueves
- owenvalencia20
- 1 oct
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Una huelga masiva se iniciará este jueves 2 de octubre en Lima y Callao, convocada por la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao (CEUT), que agrupa a 72 empresas de transporte público. La medida, que cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), busca presionar al Estado para recibir medidas urgentes de seguridad y protección para los trabajadores del sector, ante un incremento de extorsiones y homicidios vinculados a la actividad.
Datos preliminares de observatorios oficiales muestran una situación alarmante. Según el Observatorio del Crimen y la Violencia, entre enero y agosto de 2025 se registraron 1,271 homicidios a nivel nacional, de los cuales 194 víctimas estaban vinculadas al sector transporte público. Entre los conductores y trabajadores del rubro, mototaxistas y taxistas concentran el mayor número de fallecidos (101 casos), seguidos de los colectiveros, choferes de micros y buses (79 casos). En esa narrativa, la franja de edad más afectada es la de 18 a 30 años (38%), con una segunda franja de 31 a 40 años (27%).
El informe señala que, en gran parte de los crímenes, las víctimas pertenecían a los niveles socioeconómicos C y D y que muchos de estos hechos se produjeron “mientras realizaban sus actividades cotidianas”, en espacios como calles y parques, o incluso dentro de los vehículos de transporte.
En la promesa de respuesta institucional, Martín Valeriano, presidente de ANITRA, indicó a Correo que el paro contemplaría la no circulación de más de 200 unidades por 24 horas en la capital, con el objetivo de presionar al Gobierno para que implemente una estrategia integral de seguridad. Valeriano afirmó que “más del 90% de las empresas están siendo extorsionadas” y afirmó que el riesgo es generalizado para todas las rutas del país.
Entre las demandas clave figuran:
Creación de una unidad de élite conformada por Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, coordinada para combatir la criminalidad y las extorsiones.
Auditoría y control de bienes de empresas del sector, con herramientas de verificación más rigurosas.
Un marco de cooperación interinstitucional para evitar impunidad y facilitar indemnización a las familias de las víctimas de sicariato.
Pruebas piloto en Lima, Callao y Trujillo para evaluar la efectividad de las medidas propuestas.
Héctor Vargas, representante de la CEUT, añadió que la iniciativa busca “seguridad y garantías para trabajar” y que el Estado debe demostrar capacidad para proteger a los trabajadores ante la ola de extorsiones y asesinatos. Además, subrayó que la inteligencia policial debe orientarse a desmantelar las redes delictivas sin deslegitimar a los cuerpos de seguridad que trabajan de forma profesional.
Este episodio ha puesto en la mesa un debate sobre la seguridad laboral en el transporte público y la necesidad de una respuesta integral que combine acción policial, judicial y medidas de prevención para proteger a quienes realizan una labor esencial para la movilidad urbana.
