Transportistas advierten paro nacional si no derogan la Ley 32108 tras reunión en el Congreso

En medio de la IV Mesa de Trabajo de Seguridad Ciudadana en el Sector de Transporte, celebrada el 16 de octubre en el Congreso de la República, persisten las diferencias entre el sector transportista y la bancada legislativa. Los gremios asistentes —Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani) y la Asociación Nacional de Conductores del Perú— comunicaron su postura tras la nueva reunión con autoridades y representantes del poder legislativo.

La consigna de los transportistas quedó clara: “Si hay un nuevo asesinato, paramos todo”. En otras palabras, la coalición gremial exige de forma inequívoca la derogación de la Ley 32108, norma que, según señalan, beneficia al crimen organizado en el país. Aunque desde 2024 la violencia y las extorsiones han seguido afectando al sector, los transportistas sostienen que las medidas gubernamentales han sido insuficientes para frenar la violencia.

Durante la reunión, la dirigencia de Asotrani y de la Asociación Nacional de Conductores del Perú subrayó que las propuestas de refuerzo de seguridad —chalecos antibalas, botones de pánico, cámaras de seguridad y blindaje en el transporte—, lejos de generar disuasión, serían “invitaciones a convivir con la criminalidad” si las bases jurídicas que amparan al delito no se reconfiguran. Los representantes argumentan que sin cambios profundos en el marco legal, las medidas prácticas no bastan para contener la violencia.

Walter Carrera, representante de Asotrani, cuestionó la utilidad de las mesas de trabajo cuando las soluciones no atajan el origen del problema. En su visión, la clave para avanzar reside en la derogación de la Ley 32108. “De nada servirá que los sectores se unan, si no atacamos la problemática de raíz: la derogatoria de la ley 32108”, afirmó a este medio. Por su parte, Miguel Palomino, frente a la posibilidad de un endurecimiento de las medidas de seguridad, enfatizó que un nuevo asesinato podría precipitar un paro inmediato: “Si hoy o mañana hay una nueva víctima, el paro será seco. Apagado de motores. No solo lo digo yo, sino todos. Dios quiera que no lleguemos a eso”.

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En cuanto a la actitud de la mesa, Carrera reconoció —con reservas— que hubo un avance en la disposición de los congresistas, pero aclaró que aún está lejos un acuerdo concreto para enfrentar la ola de violencia. “Hubo coincidencia en los diversos representantes. Si no hay resultados pronto, se tendrá que paralizar el país”, resumió. La posibilidad de una acción contundente, como un paro indefinido, ha quedado en el acumulado de tensiones entre estos actores y el Congreso.

Desde el Congreso, el presidente de la Cámara mostró una voluntad de diálogo y de analizar la petición de derogar la Ley 32108, aunque no se ha fijado un plazo definitivo para la resolución. Mientras tanto, el gremio transportista mantiene su advertencia: cualquier nuevo hecho violento podría desencadenar una respuesta de peso por parte de los trabajadores del sector. En este contexto, la seguridad de los usuarios del transporte y la continuidad de las operaciones se presentan como temas centrales para la discusión legislativa y para la estabilidad pública.