Testigo cambia de versión en caso contra Dina Boluarte y Patricia Benavides.
- owenvalencia20
- 27 abr
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La reciente decisión de la Fiscalía de la Nación, liderada por Delia Espinoza, de archivar la investigación sobre la presunta interacción entre la presidenta Dina Boluarte y la exfiscal Patricia Benavides ha suscitado un torrente de críticas y cuestionamientos sobre la credibilidad del Ministerio Público. Este archivo se produce en un contexto marcado por la falta de diligencias fundamentales, lo que ha llevado a una crisis de confianza en la institución.
El núcleo de la controversia se centra en la declaración del colaborador eficaz Jaime Villanueva, quien ha afirmado que Boluarte y Benavides mantuvieron una reunión secreta en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Según Villanueva, durante este encuentro, Benavides suplicó a Boluarte que manteniera en su puesto al comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, tras la trágica pérdida de vidas en Juliaca durante las recientes protestas. "Lo que sucedió allí no solo tiene implicaciones políticas, sino que atañe a la vida de muchas personas", enfatizó Villanueva.
Sin embargo, el accionar de la fiscalía ha dejado mucho que desear. En su decisión al respecto, no se llevaron a cabo diligencias básicas, como el reconocimiento del lugar donde supuestamente ocurrió la reunión. "El fiscal a cargo no ha adecuado o no ha actuado mínimamente algunas diligencias necesarias para corroborar el dicho del señor Villanueva", manifestó el abogado Capuñay en una reciente entrevista, resaltando que este tipo de omisiones compromete seriamente la integridad del proceso investigativo.
Por si fuera poco, el testimonio de Hamiltón Ponce, exgerente de imagen de las hermanas Benavides, que inicialmente parecía ser un soporte a la defensa de las implicadas, ha presentado serias inconsistencias. En su declaración inicial, Ponce indicó que Benavides fue la primera en ingresar a la reunión, pero más tarde modificó su relato, sugiriendo que ambas ingresaron al local al mismo tiempo. "Aparentemente, este cambio de versión no ha sido gratuito", concluyó Capuñay, dejando entrever que detrás de estos giros narrativos puede haber influencias más profundas.
El archivo de la investigación y la falta de indagación sobre el verdadero contexto de la reunión (si era ordinaria o excepcional) han dejado muchas preguntas sin respuesta. La fiscalía ha argumentado que el retiro del general Alfaro está relacionado con motivos ajenos a la crisis de Juliaca, lo que, irónicamente, refuerza la versión de Villanueva. Todo esto plantea la interrogante: ¿por qué no se buscaron más pruebas que clarificaran la situación?
“No se indagó si hubo otros representantes de organismos autónomos presentes o si Patricia Benavides asistió sola, lo que deja abierta la duda sobre la verdadera naturaleza del encuentro”, enfatiza un crítico del procedimiento. La falta de rigor y profundidad en esta investigación ha creado un terreno fértil para que los abogados de las implicadas cuestionen la validez del testimonio de Villanueva, temiendo que futuras indagaciones puedan revelar verdades ocultas.
La exasesora presidencial, Grika Asayag, también se ha desmarcado de cualquier conexión con Villanueva. Sin embargo, la fiscalía no solicitó las pruebas necesarias que podrían haber aclarado el vínculo, lo que subraya la superficialidad del proceso. En resumen, esta situación no solo empaña la imagen del Ministerio Público, sino que también plantea serias dudas sobre su capacidad para llevar a cabo investigaciones efectivas que puedan sostenerse en el tiempo.
