"Tarjetazo de lujo": Palacio destina S/5 mil para gastos de alimentación de Dina Boluarte y familia.

El programa dominical 'Punto Final' reveló un dato que ha generado controversia en la opinión pública y en los análisis políticos del país: la presidenta Dina Boluarte dispone de una tarjeta electrónica recargable con un monto mensual de S/ 5,000, destinado exclusivamente a su alimentación y la de sus familiares. Esta información, publicada en la Adjudicación Simplificada 002-2024 del Despacho Presidencial, detalla que la tarjeta, de la marca Pluxee (anteriormente Sodexo), permite a la mandataria realizar compras en supermercados, panaderías, tiendas de abasto y restaurantes en la capital peruana. Sin embargo, no está habilitada para retirar dinero en efectivo, y su saldo mensual puede ser recargado en caso de agotarse, previa solicitud formal al proveedor.

La revelación sustenta que este beneficio para la presidenta es una estrategia común en varias administraciones, aunque en el caso de Boluarte ha levantado sospechas por el nivel de gastos que podría estar implicando. La agencia oficial rechazó proporcionar detalles específicos de los consumos, argumentando que la divulgación podría poner en riesgo la seguridad de la mandataria y exponerla a posibles ataques terroristas o amenazas.

Este beneficio no es novedad en la historia presidencial peruana. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue, en 2018, quien utilizó por última vez una tarjeta similar —una práctica que luego quedó suspendida. Exmandatarios como Francisco Sagasti y Martín Vizcarra han negado haberlas utilizado, aún cuando la existencia de estos beneficios en algunos casos se ha confirmado.

Además, en paralelo, el Gobierno publicó un decreto que contempla un incremento sustancial en el sueldo de la mandataria, elevándolo de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales. La medida, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 136-2025-EF, contó con la firma de Boluarte y del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, tras la aprobación del Consejo de Ministros.

Este aumento, sin embargo, ha sido objeto de oposición política. Diversos congresistas de distintas bancadas han presentado más de ocho proyectos de ley para derogar el incremento salarial, pero ninguna de estas iniciativas podrá ser debatida hasta finales de julio, cuando inicia el nuevo periodo parlamentario tras la elección de la mesa directiva del Congreso.

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La revelación de estos beneficios, sumada al incremento salarial, ha reavivado el debate sobre los privilegios y el uso de recursos públicos por parte de las autoridades en medio de una percepción de crisis y desigualdad en el país. La falta de transparencia en estos temas genera dudas e inquietudes en la ciudadanía, que exige mayor claridad y una gestión ética en los recursos del Estado.