Sunedu deniega licenciamiento: UPSC y UCP anunciarán cierre definitivo en agosto de 2025

En agosto de 2025, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) podría tomar una medida histórica: suspender las actividades de dos universidades privadas en Perú por no contar con licenciamiento, requisito que garantiza el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). Las instituciones afectadas son la Universidad Privada San Carlos (UPSC) y la Universidad Científica del Perú (UCP).

La Sunedu ha sostenido reiteradamente que la obtención del licenciamiento es una condición indispensable para asegurar estándares mínimos de calidad en áreas como infraestructura, docentes, investigación y servicios de apoyo. En los últimos años, ambas universidades han sido objeto de procesos de supervisión y observación por incumplimientos en CBC y en la planificación institucional.

• Universidad Científica del Perú (UCP): La casa de estudios informó que, a la fecha anunciada para el cese efectivo —16 de agosto de 2025— los estudiantes podrán culminar sus carreras. Complementariamente, la UCP indicó que continúa gestionando el licenciamiento durante el año y llamó a la calma a la comunidad universitaria ante posibles rumores. “Exhortamos a no dejarse sorprender por comunicados falsos”, señaló la institución a través de su comunicado oficial.

  
  

• Universidad Privada San Carlos (UPSC): Por su parte, la UPSC anunció su voluntad de acatar la decisión de Sunedu y detalló que, con fecha 30 de agosto de 2025, se suspenderán todas sus actividades académicas. Sin embargo, la universidad añadió que seguirá atendiendo trámites académicos específicos, como documentos, sustentaciones, grados y títulos para estudiantes y egresados. “Agradecemos la confianza depositada”, agregó la casa de estudios.

  
  

La resolución de Sunedu para la UCP se fundamenta en la denegación de la licencia por no garantizar el cumplimiento de las CBC contenidas en el Plan de Adecuación presentado por la institución. Entre las causales citadas figuran:

• Ausencia de instrumentos de planificación que aseguren el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

• Inconsistencias en la asignación presupuestal para planificación y para la Dirección Universitaria de Acreditación de la Calidad Educativa.

• Infraestructura insuficiente, con espacios que no garantizan la continuidad del servicio, sobre todo para programas de ingeniería.

• Falta de mecanismos para protección de la integridad científica y para desalentar malas conductas científicas.

• Deficiencias en la garantía de mejora continua de la planta docente y en la capacitación equitativa del personal académico.

  
  

Para la UPSC, la resolución vinculada al cese se fundamenta en problemas de habitabilidad de las aulas, seguridad y cumplimiento de planes de seguridad, además de deficiencias en líneas de investigación, presupuesto para su implementación y calidad de la selección docente. Se señala también la falta de servicios bibliotecarios y de políticas claras para becarios, entre otros aspectos.

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Escenarios y respuestas de la comunidad educativaLa UCP solicitó, en un intento por ganar tiempo, una ampliación excepcional para el cese de funciones hasta el 16 de agosto de 2026, con el argumento de aún buscar el licenciamiento y resolver observaciones. Mientras tanto, la UPSC no ha informado sobre trámites en curso y describe el proceso como una transición hacia una nueva realidad educativa.

Para consultar el estado de licenciamiento de una universidad ante Sunedu, se recomienda consultar la plataforma oficial de la entidad o acudir a la página de verificación de licenciamiento. Este proceso, iniciado en 2015, está diseñado para garantizar el cumplimiento de las CBC y, por lo tanto, la calidad educativa en el país.

El cierre efectivo de estas instituciones implica reacomodar a miles de estudiantes y egresados, así como una revisión de la oferta educativa y de la trayectoria de formación profesional en regiones donde estas universidades operaban. Sunedu, por su parte, deberá gestionar el proceso de transición para garantizar derechos de los alumnos y facilitar su acceso a alternativas académicas.