SUNAT y SUCAMEC interceptan cargamento de pirotécnicos para evitar venta ilegal en Lima
- owenvalencia20
- 14 nov.
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Un operativo conjunto entre la SUNAT y SUCAMEC sin precedentes en lo que va del año terminó con la intervención de un cargamento de pirotécnicos no autorizados, cuyo valor comercial supera los 500 mil soles. Cuatro camiones eran usados para trasladar la mercancía, que iba ocultamente por la variante de Pasamayo, cerca de Chancay, según reportes oficiales.
Según la SUNAT y SUCAMEC, el importador presentó una declaración aduanera para diversos productos pirotécnicos, entre los que destacan tubos de colores, velas artificiales y flama fría. Aunque se autorizó el almacenamiento en un local registrado por SUCAMEC, las verificaciones en el lugar demostraron que no se encontraba mercadería alguna y que no había autorización para su traslado desde el puerto de Chancay. Este hallazgo condujo a la apertura de una nueva revisión que identificó a dos camiones más involucrados en el traslado del cargamento intervenido.
Las autoridades señalan que el cargamento intervenido estaba destinado, presuntamente, a la comercialización en Lima aprovechando la próxima campaña navideña. Más allá del incumplimiento normativo, las autoridades subrayan el riesgo real para la población: el manejo y la venta de pirotécnicos no autorizados pueden provocar accidentes, daños y pérdidas para consumidores y comerciantes formales.
La SUNAT recuerda que, al margen de las multas y sanciones, la importación de mercancías sin el debido marco regulatorio afecta negativamente a la economía formal, distorsiona la competencia y vulnera la recaudación tributaria. En lo que va del año, la entidad ha intervenido un volumen significativo de pirotécnicos a nivel nacional: cerca de 710 mil unidades, con 272 mil incautadas en Lima y 436 mil en controles regionales.
Las autoridades reiteran que las intervenciones continuarán como parte de la lucha constante contra el ingreso ilegal de mercancías y el contrabando que no pagan impuestos. El objetivo es proteger a los consumidores, garantizar la seguridad pública y defender a los comercios formales frente a prácticas ilícitas que afectan la economía.
