Suiza niega ayuda en caso Castillo y califica el proceso como “delito político”

La reciente decisión de Suiza de rechazar un pedido de cooperación judicial por parte del Ministerio Público peruano en el caso contra el expresidente Pedro Castillo y el teniente de la Policía Nacional del Perú, Eder Infanzón Gómez, ha alimentado aún más la tensión diplomática y judicial entre ambos países. La respuesta del Estado suizo fue clara y fundamentada, señalando que los hechos vinculados al golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 califican como “delito político”, una categoría que, según la legislación helvética, no permite brindar asistencia en materia judicial internacional.

El rechazo fue formalmente comunicado a través de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público peruano, en respuesta a una solicitud que buscaba recopilar información sobre el estado migratorio y la permanencia en Suiza del teniente Infanzón, quien actualmente está declarado reo contumaz por no asistir a su juicio en Perú. La petición también pedía detalles sobre el ingreso del oficial al país, su ubicación actual y si había solicitado protección o asilo en Suiza. Sin embargo, las autoridades suizas argumentaron que, “los cargos que pesan sobre el teniente están relacionados con delitos contra el Estado y, por tanto, tienen naturaleza política, de acuerdo con su normativa interna”.

El artículo 3, párrafo 1, de la Ley suiza sobre asistencia judicial penal internacional, establece que “no se concede cooperación en casos que involucren delitos políticos”, y además, contempla que los tratados bilaterales con otros países permiten la denegación de asistencia en tales circunstancias. De esta forma, cualquier iniciativa peruana para obtener información sobre la situación de Infanzón, como su ingreso al país o si ha solicitado asilo, ha sido directamente bloqueada, dejando sin respuesta oficial cualquier intento de seguimiento a su paradero en territorio suizo.

La existencia de esta posición no solo afecta las posibilidades de avance en el proceso judicial contra Castillo y sus allegados, sino que también pone en evidencia las diferencias en la interpretación legal y la política internacional en torno a los delitos considerados “políticos”.

En cuanto a la implicación del policía Infanzón, la Fiscalía peruana acusa que fue uno de los actores involucrados en la planificación y ejecución del golpe de Estado. Según varios testimonios, posterior al mensaje emitido por Pedro Castillo, Infanzón recibió órdenes directas del entonces jefe de la VII Región Policial Lima, general Manuel Lozada, para impedir el ingreso de congresistas al hemiciclo. La declaración del oficial indica que cumplió con la orden en coordinación con el comandante Justo Venero, lo que evidencia su participación activa en los hechos que derivaron en la destitución del mandatario.

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Este episodio evidencia la compleja relación entre el derecho internacional, en particular la asistencia judicial, y las decisiones soberanas de los países, que en casos de delitos políticos, como lo define Suiza, tienden a blindar a sus ciudadanos de cooperación en procesos considerados como tal. La postura suiza refleja una tendencia que, en ciertos casos, puede limitar la capacidad de los países afectados de avanzar en sus investigaciones y procesos judiciales en el extranjero.

Por ahora, el gobierno peruano ha reiterado su intención de seguir buscando mecanismos internacionales para esclarecer la situación, aunque reconociendo que, en casos de delitos políticos, las leyes suizas los consideran fuera del alcance de la cooperación judicial ordinaria. La tensión diplomática por el asunto continúa, dejando en evidencia las dificultades que enfrentan los procesos judiciales contra actores vinculados a hechos políticos en diferentes jurisdicciones.