Subcomisión da cinco días a Montoya para presentar informe sobre denuncia contra Vizcarra.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un plazo de cinco días hábiles para que el congresista Jorge Montoya (HyD) presente el informe final de la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra. La decisión se adoptó tras la audiencia de la denuncia presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena, que ha puesto en jaque al entorno político y a la gestión pública reciente.

En la sesión, la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones (APP), anunció la extensión del plazo con el objetivo de avanzar en el procedimiento y garantizar una revisión exhaustiva de las pruebas y de los fundamentos jurídicos que sustentarían la denuncia. Camones subrayó que el procedimiento debe continuar en el Congreso, ya que “no existe la figura jurídica de renuncia al antejuicio” y solo el Pleno puede levantar esta prerrogativa, según la interpretación vigente.

Durante el desarrollo de la audiencia, Martín Vizcarra —presente acompañado de sus abogados, Alejandro Salas y Mariana Justo— declaró que su empresa CyM Vizcarra no trabajó con Odebrecht, sino con Conirsa, y reiteró que se fue apartando de la compañía hasta renunciar a su accionariado. Sus afirmaciones buscan fundamentar que no hubo vinculaciones directas entre la empresa mencionada y las contrataciones que se le imputan en el marco de la denuncia constitucional.

El fiscal adjunto supremo, Hernán Mendoza, hizo énfasis en que Vizcarra omitió información relevante y cargos directivos en su empresa hasta el 4 de junio de 2018. Esta omisión, desde la óptica del fiscal, podría encajar en faltas de transparencia y en una omisión de información clave para esclarecer la relación entre el excandidato y las entidades involucradas, lo que alimenta la carga probatoria contra el denunciado.

Hasta el cierre de esta edición, la mesa técnica evaluó los elementos aportados por las partes y, conforme a la agenda institucional, inició la etapa de recopilación de pruebas y de aportes documentales que permitan sustentar el eventual informe final. Camones agregó que, si bien existen plazos, el trámite debe mantenerse para no comprometer el debido proceso y la interpretación de las normas constitucionales que rigen el antejuicio de los legisladores.

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Analistas consultados señalan que la dinámica del caso podría tensar la relación entre distintos bloques del Congreso y provocar nuevas etapas de deliberación sobre la responsabilidad política y la rendición de cuentas de exfuncionarios. En ese marco, la Subcomisión continúa con la revisión de documentos, declaraciones y antecedentes contables vinculados a las empresas mencionadas, con miras a consolidar un informe claro y defendible ante el pleno.

Se espera que el informe, una vez presentado por Montoya, sea sometido a debate en el Pleno del Congreso, donde se decidirá sobre la continuidad del proceso y, eventualmente, sobre las medidas que correspondan en casos de hallazgos de responsabilidad política. En paralelo, permanecen vigentes las dudas sobre el alcance de la colaboración empresarial de Vizcarra y la posible influencia de estas relaciones en decisiones públicas.