Soto plantea salida de la CIDH para enfrentar la inseguridad; Jerí debe decidir
- owenvalencia20
- 16 oct
- 2 Min. de lectura
La frontera entre seguridad pública y derechos humanos vuelve a estar en el centro del debate político. El congresista Wilson Soto (Acción Popular) remitió un oficio al presidente de la República, José Jerí, en el que propone que su gobierno inicie los trámites para retirar al Perú de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José) y de la competencia contenciosa de la Corte IDH. Según el texto, la medida permitiría “la aplicación de la pena de muerte en el país”, una posibilidad que ha sido esgrimida por diversos sectores como respuesta a la ola de inseguridad que, desde hace años, afecta especialmente a la capital y a múltiples ciudades.
En el documento hecho público, Soto sostiene que la inseguridad afecta “gravemente la vida, la integridad física y el patrimonio de los pobladores”. Frente a ese diagnóstico, plantea que una vía para prevenir delitos consistiría en la instauración de la pena de muerte. El oficio, entregado al presidente Jerí, detalla que la medida buscaría, en palabras del congresista, fórmulas más eficaces para disuadir la violencia y proteger a la ciudadanía.
La discusión sobre abandonar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido objeto de debate político en los últimos meses. Durante gran parte del periodo de Dina Boluarte, distintos actores han planteado la posibilidad de desvincular al Perú de este sistema, promoviendo la salida como respuesta a la crisis institucional y de seguridad. En este marco, José Jerí ya había manifestado en el pasado su consideración de que podría ser una opción válida para enfrentar la inseguridad ciudadana, sin ofrecer pronunciamientos sobre una decisión definitiva en la actualidad.
El tema, además, encuentra voces discrepantes en el equipo gubernamental. Ernesto Álvarez, actual primer ministro designado por Jerí y ex presidente del Tribunal Constitucional, ha señalado, en entrevistas y declaraciones anteriores, que el retiro de la CIDH sería una medida propia de regímenes autoritarios. En distintas intervenciones, ha defendido la necesidad de contar con organismos que “estén por encima de los Estados” para vigilar vulneraciones de derechos humanos, especialmente cuando estas ocurren en gobiernos que podrían exceder sus facultades o actuar de manera autoritaria. Su postura resalta preocupaciones sobre la eficacia y legitimidad de una retirada, y subraya la importancia de mecanismos internacionales que protejan derechos fundamentales.
La discusión también ha incorporado voces que advierten sobre las limitaciones y posibles riesgos de una decisión de esa magnitud. Expertos constitucionalistas y defensores de derechos humanos han enfatizado que la retirada podría debilitar la protección internacional de derechos y abrir un vacío jurídico difícil de cubrir con garantías internas, especialmente en un contexto de tensiones institucionales y de seguridad.
Este parece ser un momento en el que la conversación pública se ha intensificado, con distintos actores presentando diagnósticos y rutas de política pública que buscan equilibrar la seguridad ciudadana y el respeto a las normas internacionales. La pregunta central para la ciudadanía es: ¿qué tan viable y qué efectos tendría una salida del Perú del Pacto de San José y de la jurisdicción de la Corte IDH? Y, sobre todo, ¿qué mecanismos alternativos existirían para garantizar derechos fundamentales sin dejar de enfrentar la violencia y la delincuencia?
