¿Soberanía en riesgo? Congreso y gobierno firman acuerdo internacional sobre los océanos

La presidenta Dina Boluarte firmó el pasado fin de semana el Tratado de Alta Mar (BBNJ) en su visita oficial a Francia, decisión que ha levantado voces de preocupación y debate en diferentes sectores del país. La firma de este acuerdo, que busca promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales, generó inmediatas reacciones de diversos gremios empresariales, que temen posibles impactos en la soberanía marítima y en las actividades pesqueras en las 200 millas del litoral peruano.

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, fue el encargado de defender públicamente la acción de la mandataria. En entrevista con Exitosa, Castro aseguró que el Congreso de la República estaba plenamente informado sobre la inclusión de este tratado en la agenda de la visita presidencial y que, además, el documento fue enviado y aprobado por las instancias legislativas correspondientes. “En el documento que ha ido al Congreso está toda la agenda, y en ella se encuentra la firma del Tratado de Alta Mar”, afirmó con confianza.

El gobierno peruano sostiene que el acuerdo no afecta la jurisdicción marítima del país, ya que su alcance se limita a aguas internacionales, fuera de la plataforma de 200 millas. El canciller Elmer Schialer declaró públicamente que el tratado “no afecta las zonas de protección y dominio marítimo que corresponden al Perú”, enfatizando que la firma es un compromiso en línea con las normativas internacionales para proteger los océanos y su biodiversidad, sin poner en riesgo la soberanía nacional.

Publicidad

Este acuerdo, adoptado en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano en Niza, en junio de 2023, aún aguarda la ratificación de 31 países para entrar en vigor. Hasta ahora, 115 Estados han firmado y 29 ya lo han ratificado, y su entrada en vigor será definitiva una vez que 60 países hayan ratificado el tratado. La firma del Perú updating en este marco busca posicionar al país en las acciones internacionales para la protección de los océanos, aunque aún existen dudas y preocupaciones sobre los potenciales efectos en la soberanía marítima.

El debate continúa y sectores nacionalistas y empresariales exigen mayor claridad y transparencia en la toma de decisiones del gobierno en torno a este tratado internacional.