Seguridad reforzada para candidatos a la Presidencia ante el aumento de la inseguridad
- owenvalencia20
- 29 oct
- 2 Min. de lectura
En un contexto marcado por la creciente inseguridad ciudadana y la acción del crimen organizado, los candidatos presidenciales para las elecciones de abril de 2026 contarán con protección policial desde el próximo 23 de diciembre. Así lo anunció el general Juan Carlos Delgado, jefe de la Dirección de Seguridad del Estado, quien precisó que la magnitud de la labor exige una coordinación especializada entre distintas unidades y niveles de seguridad.
El responsable institucional señaló que la protección recae sobre los aspirantes al sillón de Pizarro que presenten las 39 organizaciones políticas habilitadas en el proceso, incluyendo alianzas electorales y partidos. Esta medida, explicó, busca que las campañas se desarrollen con normalidad, minimizando riesgos y transmitiendo una señal de estabilidad institucional a la ciudadanía.
Delgado enfatizó que la seguridad de los candidatos no se limita a escoltas, sino que implica una articulación entre fuerzas policiales, inteligencia institucional y protocolos de protección personal. Añadió que el operativo puede contemplar rutas seguras, escoltas móviles, perímetros de seguridad en actos públicos y coordinación logística para eventos de campaña de alto perfil.
El anuncio llega en un momento en que diversos análisis señalan preocupaciones sobre la seguridad durante procesos electorales y la necesidad de mantener la confianza ciudadana en el sistema democrático. Autoridades recordaron que la implementación de estas medidas se ajustará a la normativa vigente y a las evaluaciones periódicas de riesgo realizadas por la Dirección de Seguridad del Estado.
Mientras tanto, analistas políticos destacan que la cobertura de seguridad podría influir en la dinámica de campaña, permitiendo a los candidatos centrarse en propuestas y debates, siempre dentro de un marco de respeto a los derechos civiles y de seguridad de la población. La atención se centra también en la coordinación entre las distintas entidades responsables, para garantizar que las acciones no solo protejan a los aspirantes, sino que garanticen transparencia y legitimidad del proceso electoral.
