¿Se confirmará la prisión? Nuevo juez revisará caso de Vizcarra en audiencia clave el 8 de agosto.

El panorama legal en torno a la exfigura política del expresidente Martín Vizcarra se intensifica, a medida que el Poder Judicial ha establecido una nueva fecha para su audiencia de prisión preventiva. La cita está prevista para el próximo 8 de agosto a las 11:00 de la mañana en la sede del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ubicada en la Avenida Tacna en el Cercado de Lima. Esta audiencia, que revisará la posible privación de libertad del exmandatario, llega en un momento crucial del proceso judicial en su contra.

El caso que se sigue contra Vizcarra está relacionadas con presuntas coimas recibidas durante su gestión como gobernador de Moquegua. La Fiscalía, representada por el fiscal Germán Juárez, mantiene que hay suficientes indicios para que el expresidente defensa una posible privación de libertad, argumentando que Vizcarra habría recibido más de S/2.3 millones en sobornos por la aprobación de obras públicas clave, como las obras del proyecto Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. La gravedad de estas acusaciones ha movilizado la atención pública y política, poniendo en jaque su carrera y figura pública.

Un aspecto destacado en la resolución del tribunal es la facultad del acusado de asistir o no a la audiencia. La misma resolución precisa que, si decide acudir, podrá hacer uso de la palabra, conforme a las disposiciones constitucionales y legales. La presencia del exmandatario no es obligatoria, pero sí está estipulada que su abogado y la Fiscalía deben estar presentes en la audiencia, garantizando así el cumplimiento del debido proceso.

El contexto legal ha estado marcado por importantes resoluciones previas. La Sala Penal Superior anuló la decisión del juez Víctor Alcocer, quien había rechazado la solicitud de prisión preventiva contra Vizcarra. Esta nulidad ha abierto la puerta a que un nuevo juez de primera instancia revise el caso y evalúe si los indicios existentes son suficientes para dictar prisión preventiva. La decisión ahora recae en un magistrado que deberá determinar si los elementos probatorios justifican la privación de libertad del exgobernante, o si, por el contrario, las medidas restrictivas actuales —como la comparecencia simple— son suficientes para garantizar su participación en el proceso.

Desde la defensa, el abogado Erwin Siccha expresó su rechazo a las acusaciones y a las intenciones de la Fiscalía. “El pedido de prisión es infundado y desproporcionado”, afirmó Siccha, quien también resaltó que las medidas restrictivas vigentes son suficientes para asegurar la presencia de Vizcarra en la audiencia y en el proceso judicial. La estrategia legal busca demostrar que no existe peligro procesal real, y que la libertad del exmandatario debe mantenerse mientras se desarrollan las investigaciones.

Por su parte, los fiscales muestran una postura firme, insistiendo en que los indicios existentes justifican la medida de prisión preventiva. La acusación no solo apunta a un posible delito de corrupción, sino que busca que Vizcarra responda en prisión por la posible comisión de delitos graves. La solicitud de una pena de 15 años de cárcel junto con nueve años de inhabilitación será, sin duda, uno de los temas clave en la deliberación de los jueces.

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El escenario que se ha presentado con esta nueva audiencia refleja la complejidad del proceso judicial y la carga política que puede implicar. La evaluación del juez será determinante para definir si el exmandatario enfrentará la justicia en libertad o en prisión preventiva, y en definitiva, cuál será el impacto en su carrera y en la percepción pública sobre la lucha anticorrupción en el país.

En resumen, el 8 de agosto será una fecha determinante para el futuro judicial y político de Martín Vizcarra. La justicia peruana se apresta a reanudar sus procedimientos en un caso que ha mantenido expectante a la ciudadanía, en medio de un escenario legal en el que se disputan argumentos, evidencias y derechos fundamentales. La decisión que tome el nuevo juez será clave para definir si el exmandatario enfrenta su proceso en libertad o en prisión, en un momento en que el país busca avanzar en la lucha contra la corrupción y garantizar la justicia.