Santiváñez y la ley que podría impedir nuevas designaciones de ministros censurados.

La reciente incorporación de Juan José Santiváñez al Gabinete Ministerial, quien fue censurado como ministro del Interior, ocurre en medio de una iniciativa legal que aún no ha sido pronunciada en el Congreso. Se trata del dictamen correspondiente a los proyectos de ley 1518/2021, 1928/2021 y otros que buscan modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para impedir la designación de ministros de Estado que hayan sido censurados dentro de un mismo periodo constitucional.

A la fecha, el pleno del Congreso mantiene la propuesta en suspenso desde julio de 2024. El documento en cuestión fue trabajado en la Comisión de Constitución y Reglamento, y hoy está bajo la coordinación del legislador Arturo Alegría (Fuerza Popular).

Si la medida llegara a concretarse, se modificaría el artículo 25 de la Ley 29158, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. El texto propuesto contemplaría, de forma textual, la siguiente restricción: “Están impedidos para ejercer la función ministerial los ministros censurados dentro del periodo constitucional (…)” por cinco años, es decir, el equivalente a un mandato presidencial.

En medio de la discusión, el tema subraya que “un fundamento del Estado constitucional radica en que no exista zona exenta de control, de tal suerte que si bien existe una facultad discrecional del presidente de la República para designar a los ministros de Estado, esta facultad no está libre de ser fiscalizada”.

Santiváñez Antunez asumió como ministro del Interior en mayo de 2024 y fue censurado en marzo del presente año por el pleno del Congreso. Posteriormente, se le habría atribuido un cargo en Palacio de Gobierno.

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La iniciativa legislativa propone un cambio estructural para evitar que personas censuradas accedan de manera reiterada a cargos ministeriales dentro del mismo periodo constitucional. Los defensores de la medida argumentan que fortalece la responsabilidad y la transparencia en la designación de funcionarios de alto nivel; los detractores señalan posibles rigideces administrativas y un sesgo político si la censura se utiliza de forma estratégica.

Políticos y expertos consultados señalan que, si se aprueba, el umbral de cinco años sería equivalente a un nuevo periodo presidencial para efectos de inhabilitación, lo que marcaría un precedente en la evaluación de la idoneidad de designaciones futuras.

¿hasta qué punto puede y debe fiscalizarse la designación de ministros cuando existe la facultad discrecional del Poder Ejecutivo? Este debate continúa a la espera de una definición formal en el Congreso, que ya lleva meses rezagada pero que podría tomar un giro decisivo en las próximas sesiones.