Santiváñez: “Los audios no acreditan conducta criminal”; denuncia filtraciones y defiende su inocencia.

Juan José Santiváñez, ministro de Justicia, afirmó este martes que los audios difundidos en los que aparece vinculado, presuntamente, a un posible caso de tráfico de influencias en medios de comunicación, no configuran conducta criminal. En una entrevista con la Cámara Inmobiliaria Peruana, sostuvo que las grabaciones no acreditan delito alguno y que su interpretación ha sido sacada de contexto.

"El tema de los audios, para empezar, los audios no tienen ninguna conducta criminal, desde el punto de vista que se vea. Segundo, esos audios presumiblemente forman parte de una carpeta donde yo estoy siendo investigado por tráfico de influencias y que se supone que están lacrados", aseguró el ministro.

Según Santiváñez, las grabaciones provenían de una carpeta de investigación por presunto tráfico de influencias y permanecían lacradas hasta su apertura reciente, en presencia de sus abogados y peritos. El ministro señaló, además, que algunos fiscales habrían filtrado las grabaciones a la prensa, lo que, en su opinión, constituye una actuación criminal.

La defensa añadió que las piezas audiovisuales nunca fueron puestas a disposición de la justicia de manera formal, y que la apertura de la carpeta se efectuó en condiciones controladas para evitar manipulaciones. Aseguró que la difusión pública de los audios genera un daño reputacional y podría obstaculizar la labor de defensa y de la investigación.

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Por su parte, el despacho del premier Eduardo Arana no ha emitido pronunciamientos oficiales sobre el contenido de los audios. Ambas autoridades insisten en que, en el contexto de las grabaciones, no hay indicios concluyentes de crimen y que la polémica podría estar alimentada por interpretaciones rápidas de la información.

Expertos en derecho constitucional comentan que, más allá de la naturaleza de las grabaciones, lo relevante es el marco probatorio y la posibilidad de que se determine si hubo presión indebida o influencia indebida para favorecer intereses mediáticos. Señalan también la importancia de garantizar la imparcialidad de la investigación y la protección de los derechos de defensa, especialmente cuando se trata de funcionarios de alto nivel.