Santiváñez afirma que la protesta es legítima, pero los actos violentos exigen investigación y respuestas estatales

En una entrevista concedida a Exitosa Noticias, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, explicó las circunstancias que, a su entender, llevaron a la respuesta policial durante las protestas efectuadas los días 20 y 21 de septiembre en el centro de Lima, coordinadas por el colectivo conocido como ‘Generación Z’. El ministro subrayó que, si bien el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución, ese mismo derecho tiene límites cuando se observa violencia.

“El derecho de protesta es fundamental, pero cuando lanzas la primera piedra se termina el diálogo y debe empezar la represión del Estado. (…) Las piedras matan”, afirmó Santiváñez, en una declaración que ha generado ecos en distintos sectores de la opinión pública. El titular de Justicia insistió en que la conversación entre el Estado y los manifestantes debe perseverar de forma no violenta para evitar consecuencias que, a su juicio, deterioran la convivencia y la seguridad de todos.

Durante la jornada de manifestaciones, las escenas de tensión se multiplicaron en el centro histórico de Lima. El ministro señaló que los cuerpos de seguridad desplegados contaban con equipo mínimo para enfrentar las agresiones: escudos y pistolas de perdigones de goma, herramientas que, según su análisis, respondían a ataques como lanzamiento de piedras o uso de fuegos artificiales contra las fuerzas del orden. En este punto, afirmó que la acción policial buscaba contener situaciones que podrían escalar y afectar a terceros, sin detallar actuaciones puntuales que pudieran vulnerar derechos de terceros ni de la prensa.

Santiváñez también se refirió al papel de los medios de comunicación durante las movilizaciones. Reiteró que no considera intencional dirigir disparos contra trabajadores de la prensa, y añadió que, en caso de detectarse alguna posible intencionalidad, se activarían mecanismos de investigación interna y procedimientos disciplinarios para esclarecer lo ocurrido. “Si hubiera algún tipo de intencionalidad, se iniciaría una investigación interna y un procedimiento administrativo disciplinario para advertir qué pasó realmente”, enfatizó.

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La evaluación del ministro parece incluir, además, una distinción entre el derecho a la protesta y la seguridad pública, tema que ha generado preguntas en distintos frentes. Aunque el oficialismo sostiene que la acción de las fuerzas del orden respondió a un riesgo real para la integridad de las personas y la propiedad, sectores críticos han planteado la necesidad de revisar protocolos y salvaguardar la libertad de expresión sin que ello implique tolerar actos que pongan en riesgo a la ciudadanía.

El análisis que propone Santiváñez plantea una lectura en la que la intransigencia en el diálogo podría chocar con la responsabilidad estatal de garantizar el orden. Si bien la conversación entre autoridades y ciudadanos debe mantenerse, el titular de Justicia dejó claro que la seguridad pública no puede quedar excluida ante episodios de violencia, y que, por ello, el Estado está preparado para responder cuando percibe amenazas o agresiones claras.