Salas Arenas enfrenta investigación: Congreso vota a favor de formación de causa penal
- owenvalencia20
- 2 oct
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El Pleno del Congreso de la República aprobó este jueves la apertura de un proceso penal contra el juez supremo Jorge Salas Arenas. Con una votación de 50 a favor, 21 en contra y 8 abstenciones, la resolución legislativa declara procedente la formación de causa penal contra Salas Arenas en su condición de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Este resultado significa, de manera formal, el levantamiento de su inmunidad funcional para que la Fiscalía de la Nación inicie las acciones penales correspondientes.
El relevo procesal se ubica en el marco de una denuncia que acusa al magistrado de aparentar ser instigador de un delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal. La acusación descansa, según la exposición de motivos, en indicios que vinculan a Salas Arenas con una red de influencias vinculada a lo que se ha denominado popularmente como los “Cuellos Blancos del Puerto”.
La denuncia fue sustentada por el congresista Héctor Ventura, integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Según Ventura, existe una “sospecha reveladora” que fundamenta la hipótesis de que Salas Arenas habría contactado telefónicamente al exjuez Walter Ríos para pedir la contratación de su exsecretario de confianza, Pavel Cárdenas. En ese contexto, la evidencia habría establecido un nexo entre el magistrado y una red de contactos que, según las pesquisas, habría favorecido designaciones o gestiones que podrían configurarse como beneficios indebidos.
La defensa de Salas Arenas, representada por el abogado Elí Vidal, rechazó las imputaciones y sostuvo que no se valoró adecuadamente la prueba de descargo. El equipo defensor señaló que el testigo habría negado, en su versión, las imputaciones gravadas contra el magistrado, por lo que insistieron en la necesidad de valorar con mayor rigor las pruebas presentadas durante el proceso.
En cumplimiento de las normas que rigen el procedimiento legislativo, el expediente de la acusación constitucional será remitido de inmediato a la Fiscalía de la Nación para que inicie las acciones penales correspondientes, conforme a lo establecido por la Constitución Política del Perú. Este trámite representa un paso decisivo para delinear si existen méritos suficientes para continuar con la persecución penal del magistrado, o si, por el contrario, se debe descartar la acusación en etapas procesales futuras.
El desarrollo de este caso, que involucra a un magistrado de la Corte Suprema, ha generado una marcada atención pública y ha reavivado el debate sobre la integridad en las instituciones judiciales y su independencia frente a intereses políticos y empresariales. Analistas consultados por este medio señalan que la decisión del Congreso no prejuzga el resultado final y que corresponde a la Fiscalía realizar una investigación exhaustiva y objetiva para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.
