Sala Penal Especial valida delito de rebelión atribuido a Pedro Castillo tras mensaje de diciembre

Pedro Castillo enfrentó ayer un fallo relevante en el marco de la investigación por delitos vinculados a su intento de disolución del Congreso. La Sala Penal Especial del Poder Judicial confirmó que, el 7 de diciembre de 2022, el expresidente incurrió en el delito de rebelión, argumento central en el que se sostiene la sentencia: un día en el que, según la resolución, el mandatario llevó a cabo una maniobra destinada a alterar el orden constitucional.

La resolución del tribunal destaca que los documentos incautados en el domicilio del ex jefe de Estado refuerzan la tesis de que su Mensaje a la Nación ya estaba preparado para ejecutarse con las especificaciones que finalmente leyó en televisión. En esa lectura solemne ante la nación, el exmandatario habría puesto en marcha un plan cuya finalidad, según el colegiado, era “quebrar” el marco constitucional vigente.

La Sala también subrayó que los hechos descritos no se limitan a una proclamación aislada: el tribunal indicó que Betssy Chávez y Aníbal Torres conocían el contenido del anuncio. En el recuento de los hechos, se señala que, tras el mensaje, ambos políticos se acercaron a estrechar la mano del entonces jefe de Estado en gesto de reconocimiento.

En su fallo, la instancia judicial sostiene que la evidencia recabada, incluida la documentación incautada y el registro de las comunicaciones, permite afirmar con certeza que el plan tenía una temporalidad definida y una secuencia de actos destinada a desestabilizar el sistema democrático. Los magistrados reiteraron que la motivación y la deliberación estuvieron presentes, elementos que, según el tribunal, configuran el tipo penal imputado.

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Este fallo reabre un capítulo crucial en la discusión sobre la gobernabilidad y la separación de poderes en el país, y plantea preguntas sobre las responsabilidades individuales de los actores involucrados y las salvaguardas institucionales que deben preservarse para evitar recurrencias de intentos de desestabilización. La defensa de Castillo deberá considerar los recursos oportunos para impugnar o ampliar el debate sobre la interpretación de los hechos, mientras que la opinión pública sigue pendientes de las implicaciones políticas y jurídicas de una decisión que marca un hito en la trayectoria reciente del sistema político.