Reuniones no registradas en Cordano: el Congreso exige explicaciones urgentes al ministro Santiváñez

El tema de la ética y la transparencia en el manejo de la función pública volvió a ponerse en la mesa política luego de que un reportaje de Cuarto Poder (América TV) revelara al menos seis reuniones no registradas en el portal de Transparencia, celebradas en el restaurante Cordano, a poca distancia de Palacio de Gobierno. En dichas reuniones, presuntamente se entregaron documentos a personas aún no identificadas, entre ellas Marco Palacios Meza, señalado como presunto operador de una organización criminal vinculada al actual ministro.

Las revelaciones generaron un efecto inmediato en el Congreso, donde las bancadas clamaron por explicaciones claras sobre lo ocurrido. El cambio en la dinámica política fue inmediato, con llamados a esclarecer si los encuentros se realizaron dentro del horario laboral o fuera de él.

“El asunto es ver el horario, para mí ese es el tema. Ahí sí tiene que haber una justificación. Lo va a tener que constatar el Ministerio Público”, señaló el congresista Alex Paredes (Somos Perú), destacando la necesidad de verificar el marco temporal de las reuniones.

Por su parte, Jorge Montoya (Honor y Democracia) sostuvo que el ministro debe ajustarse a la norma: “Si han sido en horas de trabajo, son reuniones paralelas reales; pero si son fuera de su horario de trabajo, son cosas particulares. Y parece, por la foto que han pasado, que es en hora de trabajo”.

En la misma línea, Elvis Vergara (Acción Popular), presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, adelantó que citará a Santiváñez para precisar lo sucedido: “Todos tienen derecho a reunirse donde quieran, pero si se trata de un funcionario público y dentro del horario de trabajo, obviamente debe de rendir cuentas”.

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La conversación pública sobre la integridad y la transparencia en la gestión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se reaviva en un momento en que el país exige respuestas claras y verificables sobre las decisiones que impactan directamente en el manejo de documentos y en la relación entre funcionarios y actores potencialmente vinculados a actividades ilícitas.

Mientras tanto, la Comisión de Ética Parlamentaria mantiene un proceso de evaluación y preparación para la citación correspondiente, con miras a esclarecer los hechos y, de ser necesario, aplicar las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente.

Se espera que el Ministerio Público continúe con las investigaciones para determinar la veracidad de las reuniones y la naturaleza de los documentos intercambiados, así como para identificar a las personas no identificadas en las imágenes y en los registros de esas reuniones.