Retiro de vehículos de Delia Espinoza: Gálvez contradice informe técnico y endurece la seguridad

Tomás Gálvez ordena retirar vehículos oficiales asignados a Delia Espinoza, en medio de un contencioso político-jurídico que mantiene en vilo a instituciones y ciudadanía. El fiscal supremo emitió la medida pese a un informe técnico de la Oficina General de Asesoría Jurídica, que recomendaba mantener el resguardo vehicular debido al nivel de riesgo identificado por la Policía Nacional para la magistrada.

Según el documento jurídico al que tuvo acceso este despacho, la solicitud de Delia Espinoza debió ser aceptada por tratarse de una “circunstancia excepcional” contemplada en el artículo 19 de la Directiva N.º 010-2012-MP-FN. Además, se subrayaba que la Fiscalía de la Nación tiene la obligación de brindar apoyo logístico y vehicular a las autoridades protegidas por la Policía. Pese a ello, Gálvez decidió retirar los bienes institucionales, desoyendo la recomendación técnica y, al parecer, el marco normativo interno.

El informe también alude a una resolución de la Policía Nacional del Perú que ordenó la restitución del servicio de seguridad a Espinoza en el nivel III-D, argumentando que su vida e integridad estuvieron en riesgo por decisiones tomadas durante su gestión como fiscal de la Nación. En ese mismo sentido, el análisis jurídico recordaba que el Ministerio Público debe garantizar el desplazamiento de la magistrada cuando se ejecuta la medida cautelar de reposición en funciones.

A pesar de estos antecedentes, el fiscal Tomás Gálvez dispuso retirar los vehículos oficiales y a los conductores asignados, contrariando lo que señalan las pautas internas del propio Ministerio Público. Para varios observadores, la medida podría interpretarse como una señal de hostilidad hacia Espinoza, quien actualmente enfrenta un proceso para recuperar su cargo. El retiro del resguardo vehicular se produce en un contexto de máxima alerta, con la capital bajo estado de emergencia por el incremento de la inseguridad ciudadana.

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El giro de la decisión ha generado cuestionamientos sobre el equilibrio entre seguridad institucional y respeto a las salvaguardas legales. Voces expertas sostienen que mantener un marco de protección para funcionarios en riesgo no solo es una cuestión de protocolo, sino de garantía de debido proceso y seguridad personal. Por su parte, la defensa de Espinoza ha señalado que la medida afecta su movilidad y capacidad para afrontar el proceso judicial en curso, mientras que autoridades administrativas insisten en que cualquier cambio se ajustó a criterios de necesidad y temporalidad.

Este caso reabre el debate sobre las consecuencias de las medidas de protección en el ámbito público y la importancia de la coherencia entre resoluciones administrativas y recomendaciones técnicas. Se espera que nuevos pronunciamientos oficiales aclaren el alcance de la medida y las vías de apelación o revisión correspondientes.