Reforma de justicia: Dina Boluarte buscaría blindar su administración de la intervención del Ministerio Público.

Dina Boluarte enfrenta un nuevo eje de discusión en su gobierno: la anunciada reforma al sistema de justicia que busca blindar a la Presidenta y a ministros cercanos del escrutinio público tras el periodo de gestión que deberá concluir en julio de 2026. En medio de un clima de desconfianza hacia instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial, el tema genera un debate áspero entre el impulso reformista y las tensiones políticas que ha dejado al descubierto la designación del nuevo ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, figura que, según sus críticos, llega cargada de controversias y de un historial investigativo en curso.

El anuncio llega desde el propio gabinete, donde el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, reconocido por su cercanía al bloque de Alianza para el Progreso, adelantó que presentará ante el Consejo de Ministros una propuesta para reestructurar de fondo el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Según Sandoval, la intención es corregir “abuso y autoritarismo” percibidos en ambas instituciones y, en palabras de un alto funcionario cercano a la mandataria, “heredar una justicia con una dirección más acorde a las demandas de la sociedad”.

La reacción no tardó en dividir opiniones. El excongresista Víctor Andrés García Belaunde señaló que la designación de Santiváñez como titular de Justicia podría interpretarse como un mensaje directo a la esfera judicial y a la propia Fiscalía: “Cuando nombras a un abogado con antecedentes y lo colocas al frente del puente entre el gobierno y el sistema judicial, envías señales de tensión y, posiblemente, de una revisión de atribuciones”, sostuvo.

En contraste, otros analistas advierten que toda reforma en el terreno judicial suele generar resistencias incluso entre figuras políticas que, hasta ahora, han sido parte del mismo proyecto de gobierno. El objetivo, desde esta óptica, sería establecer salvaguardas institucionales para evitar que investigaciones o procesos judiciales afecten a funcionarios cuando ya no permanezcan en sus cargos. A la vez, señalan que cualquier intento de “blindaje” podría alimentar percepciones de impunidad y deslegitimar el papel de la Fiscalía y del Poder Judicial frente a la opinión pública.

Dentro del Ejecutivo, la polémica se ve alimentada por el contexto de allanamientos y investigaciones que han colocado a la administración en la mira de organismos anticorrupción y de críticas desde distintos sectores. En este escenario, la jefa de Estado ha insistido en que la reforma es necesaria para modernizar la justicia y dotarla de mecanismos de control más efectivos, sin renunciar a la independencia institucional, tal como ha repetido en varias ocasiones.

Las declaraciones de Santiváñez, que posan al ministerio como el “puente entre el gobierno y el sistema judicial”, generan preguntas sobre la línea entre liderazgo político y supervisión judicial. A medida que se desenvuelven las discusiones, especialistas y ciudadanos observan con lupa cada paso: desde la redacción de la propuesta de ley hasta las fuentes de financiamiento y los plazos para su implementación.

Por su parte, la Fiscalía ha mantenido su discurso sobre la necesidad de fortalecer la independencia de las investigaciones y de evitar interferencias que puedan afectar la integridad de las diligencias. En un marco de tensiones, la oposición y varios analistas exigen claridad sobre los mecanismos de responsabilidad y transparencia que se propondrán para evitar que la reforma se convierta en un escudo político para evitar consecuencias legales.

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En este contexto, la ciudadanía exige respuestas: ¿qué cambios concretos propone la reforma?, ¿cómo se garantiza la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial?, ¿cuáles serán los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, y qué salvaguardas evitarían abusos de poder? Mientras el debate se intensifica, lo que está claro es que el tema de la justicia se mantiene como una de las piezas centrales para evaluar la continuidad o la modificación sustancial de la agenda gubernamental en los próximos meses.

Notas finales: el país continúa observando cada movimiento del gobierno y de sus responsables de justicia ante un escenario en el que la relación entre poder político y justicia queda bajo el escrutinio público. Las próximas semanas serán determinantes para entender si la reforma avanza con legitimidad, o si, por el contrario, la presión social y política obliga a replantearla.