Reelección y acuerdos: así se forjaron las mayorías que impulsaron cambios penales
- owenvalencia20
- hace 6 días
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En el periodo congresal 2021-2025, el Congreso peruano ha mostrado un paisaje de alianzas inesperadas entre bancadas que, en apariencia, encarnarían trayectorias ideológicas distintas. A partir de un análisis de Correo sobre iniciativas parlamentarias con mayor respaldo, se delinean los intereses y las afinidades que sostienen un conjunto de propuestas que han contado con votos relevantes a lo largo de estos años.
El recorte de plazos y la revisión de procedimientos aparecen entre las prioridades que han unido a distintas agrupaciones. Entre las iniciativas más discutidas destacan las referidas a la persecución del delito, a la revisión de procesos penales y a ciertas medidas de control institucional, que han sido apoyadas por bloques que, en otros temas, exhiben distancias ideológicas considerables. Una de las sensibilidades que ha convergido en varios proyectos es la urgencia de acelerar ciertos procedimientos y de reducir posibles espacios de impunidad, una narrativa que ha resonado en distintos sectores del hemiciclo.
En este periodo, Fuerza Popular se mantiene como la fuerza principal del Parlamento, aunque ha perdido cuotas de apoyo con la salida de varios congresistas. Por su parte, Perú Libre ha atravesado una desinteligencia interna que ha provocado una dispersión de su bancada en grupos de menor impacto, como el Bloque Magisterial y la Bancada Socialista. Hoy, la agrupación cuenta con un número menor de integrantes respecto al inicio de la legislatura.
La revisión de los expedientes exhibe, en conjunto, al menos quince iniciativas relevantes, entre las que predominan proyectos sobre prórrogas, modificaciones al desarrollo del proceso penal y medidas de control de cumplimiento de sentencias. Aunque existe un eje común entre varias bancadas, la lectura de los votos sugiere que no siempre hubo una línea doctrinal compartida: más que una articulación por ideología, se observan alianzas pragmáticas que persiguen intereses concretos y, en algunos casos, la influencia de actores externos al debate público.
Entre las iniciativas destacadas figura la conocida como la Ley Soto (31751), impulsada por Alejandro Soto (APP), que buscaba acotar los plazos de prescripción penal. Aunque recibió atención inicial, fue declarada inconstitucional e inaplicable por el Poder Judicial. A este conjunto se sumaron normas para acotar procesos de colaboración eficaz, limitar responsabilidades penales de partidos políticos y otros cambios de carácter procesal, que, en su mayoría, obtuvieron aprobación por amplias mayorías.
Un caso que evidenció el pulso ciudadano frente a estas dinámicas fue la Ley 32181, que eliminaba la detención preliminar en casos de no flagrancia. La crítica generalizada motivó su derogación en marzo de 2025, subrayando la tensión entre decisiones legislativas y la opinión pública.
El análisis de Fernando Tuesta, analista político, sitúa estas dinámicas dentro de lo que describe como un ciclo de inestabilidad y concentración de poder en el Congreso, que ha marcado la última década. Según él, varias normas aprobadas —muchas consideradas por expertos y la ciudadanía como cuestionables o populistas— han avanzado sin contrapesos suficientes y con una limitada supervisión de instituciones como el Tribunal Constitucional. En su evaluación, existen indicios de que intereses no exclusivamente mercantiles, sino también provenientes de sectores mafiosos, han moldeado la agenda legislativa. Sobre la naturaleza del poder legislativo, Tuesta advierte que el Congreso actual ha mostrado un grado de influencia históricamente alto, generando preocupaciones sobre la calidad de la democracia y el marco institucional del país.
