Reducción las líneas de Nazca beneficia principalmente a la minería informal.

La vasta extensión del desierto que se extiende entre Ica y Ayacucho alberga uno de los mayores tesoros culturales del Perú: las famosas Líneas de Nazca. Reconocidas por su belleza y enigma, estas figuras milenarias, que parecen flotar en el suelo desde el cielo, están protegidas como patrimonio cultural desde 1994, bajo el respaldo de la UNESCO. Sin embargo, en los últimos días, esta protección ha sido modificada con una decisión que, según expertos y fuentes independientes, favorece claramente los intereses de la minería informal.

El pasado 28 de mayo, el Ministerio de Cultura emitió una resolución que reduce el área protegida en esta zona, disminuyéndola de unos 5,600 km² a aproximadamente 3,200 km². Aunque en declaraciones públicas el ministro Fabricio Valencia aseguró que las emblemáticas Líneas de Nazca no corren peligro, trabajadores y especialistas en patrimonio advierten que otras figuras menos conocidas y menos estudiadas —como geoglifos trapezoidales y restos preíncas— quedaron a merced de la extracción clandestina de oro y cobre, los minerales que se mezclan con el suelo en ese territorio.

La actividad minera en ese espacio, que opera mediante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), es visible y palpable. Durante un recorrido por la zona, se escuchaban detonaciones de explosivos en socavones y túneles perpetrados desde hace años, en su mayoría desde 2012, según reconocen los propios mineros informales. La evidencia muestra que ese espacio, ahora libre de protección oficial, es un botín para quienes no creen en la vigencia del patrimonio ni del respeto hacia la historia.

El cambio en la delimitación, que en solo cinco días permitió la presentación de al menos 60 solicitudes para separar grandes extensiones de terreno —cada una de 100 hectáreas— ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), evidencia un plan que favorece a los mineros informales. La eliminación del requisito del Plan de Evaluación Arqueológica para estos terrenos facilita la rapidez de los trámites y, por ende, la posibilidad de explotar sin control ni restricciones.

Al respecto, la arqueóloga Corina La Torre expresó su preocupación. “El Ministerio de Cultura no ha contemplado el trabajo de campo ni la verificación en campo. Se puede hacer con drones, pero eso no reemplaza una inspección in situ, que es imprescindible para reducir la poligonal”, afirmó. El proceso, que fue llevado a cabo en menos de un mes, ha sido cuestionado por su rapidez, pero también por el secretismo con el que se ejecutó: muchas áreas fueron modificadas sin la participación de expertos ni la aprobación pública.

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Este mecanismo parece estar favoreciendo de manera evidente a la minería informal, que con explosivos y maquinaria pesada, continúa depredando y saqueando sin control. La misma fuente del Ministerio de Cultura admitió que la reducción del polígono fue una “actualización” sin una inspección exhaustiva, y que todo el trámite se hizo de manera rápida y oscura.

Mientras tanto, en el Congreso se prepara una posible interpelación al ministro Valencia por estos hechos, que para muchos parecen más una grieta en la protección del patrimonio cultural del país que una simple gestión administrativa. La preocupación va más allá: ¿está el Estado fortaleciendo la minería ilegal en lugar de proteger su historia y su identidad?